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Roubar o Futuro

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El Gobierno saca 24.000 millones del fondo para pagar pensiones en dos años

Los problemas financieros obligan a echar mano de la hucha, de la que ya se usaron 4.500 millones para la extra de verano. En 2012 se sacó 11.683 millones del fondo.

El Gobierno se ha quedado muy corto al evaluar cuánto reducirá el gasto en pensiones con la reforma que acaba de plantear. En el anteproyecto, difundido este lunes, el Ministerio de Empleo calcula que se ahorrará unos 33.000 millones en nueve años. Pero, para llegar a esa estimación, la Seguridad Social supone que la inflación solo será del 1% anual en ese periodo, una hipótesis que contrasta con la realidad de los últimos años. Con parámetros más ajustados, la cuenta se eleva de forma notable: si se toma una inflación del 2%, la utilizada por el Banco Central Europeo en toda la zona euro, el recorte entre 2014 y 2022 rondaría los 70.000 millones, más del doble que la estimación oficial. Y si en los cálculos del Ejecutivo se sustituye el 1% anual de inflación por el 3%, que ha sido el promedio de IPC en España desde el arranque de la zona euro, la reducción sobrepasaría de largo los 110.000 millones.

Este ahorro para las arcas de la Seguridad Social se traducirá en un recorte del poder adquisitivo de los pensionistas. La prestación media de un jubilado, según el último dato publicado, asciende a 13.746,88 euros al año, repartida en 14 pagas de 981,92 euros. Con la estimación del Gobierno (inflación del 1%), la pensión de 2019 será 638 euros inferior a lo que sería si no se aplica la reforma. Si la inflación en los próximos seis años se situara en el 2% anual, la devaluación acumulada en el mismo periodo equivaldría a 109 euros mensuales, unos 1.527 euros en todo el año. Con el 3% de inflación, lo perdido por los pensionistas llegaría a 2.460 euros, más de 175 euros en cada paga.

El recorte real del gasto puede duplicar la estimación oficial

La reforma que plantea el Gobierno tiene dos patas: cambiar la fórmula de actualización anual de las pensiones, ligada ahora al IPC, y relacionar la cuantía de la pensión con un nueva variable, la esperanza de vida a los 67 años. Ambas propuestas confluyen en el mismo objetivo, frenar el aumento del gasto en pensiones. Sin embargo, solo el primero, que entraría en vigor el próximo año —el parámetro ligado a la esperanza de vida no se incorporará hasta 2019— es el que influye en el recorte estimado hasta 2022.

Desde 1998, para actualizar las pensiones, se aprobaba cada año una subida anual, equivalente a la inflación esperada, anclada al 2% anual. Y si, en noviembre del ejercicio en curso, el IPC superaba ese porcentaje, se compensaba a los pensionistas. Las excepciones han llegado en los últimos años, cuando la crisis empezó a hacer estragos en las cuentas de la Seguridad Social. En 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero las congeló. Para 2012, Rajoy limitó la subida al 1% anual y se saltó la compensación por la inflación en noviembre. Para este año, el incremento inicial quedó en el 2% para los que cobran menos de 1.000 euros al mes (el 70% de los pensionistas) y el 1% para el resto.

Los años de bonanza no servirán para recuperar todo lo perdido

La reforma plantea sustituir el sistema vigente por una fórmula, elaborada por un comité de expertos, que vincula las subidas de las pensiones a los ingresos (cotizaciones) y gastos (pensiones) del sistema. A ese índice el Gobierno ha incorporado dos topes: un suelo (una subida del 0,25%) en el caso de que la fórmula refleje que los ingresos no son suficientes para financiar los gastos; y un techo (inflación más 0,25%), para cuando el sistema arroje superávit.

Las cuentas del Gobierno dan por hecho que el índice de revalorización reflejará una situación de déficit hasta, al menos, 2018. Es una estimación coherente con una economía que refleja tasas de paro superiores al 20% desde 2009, un desempleo que, según la previsión del propio Ejecutivo, no bajará del 25% hasta 2018. Y, en paralelo al descenso de cotizaciones, el número de pensionistas no dejará de crecer. Solo en 2022, según Empleo, la fórmula empezará a reflejar mejores ingresos.

Ese escenario lleva al Ejecutivo a aplicar el límite inferior de revalorización previsto (un incremento del 0,25%, poco más que una congelación de pensiones), o una cifra muy similar, en seis de los nueve años previstos. Es en ese periodo (2014-2019), donde se concentra el grueso de la reducción, que el Gobierno calcula por comparación con lo que subirían las pensiones “en ausencia” de los cambios introducidos. Es aquí donde Empleo da por hecho que, sin la reforma, las pensiones subirían un 1%. Y que el recorte viene dado por ese 0,75% de diferencia que se dejarían de aumentar las pensiones. Sobre el gasto total en pensiones, esa menor subida se traduciría en un ahorro de 809 millones en 2014, que se iría acumulando en ejercicios posteriores (incide también el aumento de pensionistas) hasta alcanzar los 33.000 millones hasta 2022.

La elección de ese incremento teórico del 1% para calcular cuánto ahorrará con la reforma se basa en que esa ha sido la subida aprobada por el Ejecutivo del PP para la mayoría de pensiones en los dos últimos ejercicios. En 2012, esa decisión llevó a una notable pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas (la inflación de noviembre fue del 2,9%). Este año, es muy probable que la inflación ronde ese 1%, pero será consecuencia de una combinación de factores (tasa de paro en máximos, actividad económica muy débil, subidas de impuestos como la del IVA dejan de pesar en el IPC) muy difícil de repetir. De hecho, en los últimos 14 años, solo en un mes de noviembre, el de 2009 (el año de la Gran Recesión), el IPC español se situó por debajo del 1%. El promedio de inflación en ese periodo es del 2,9% anual. Ni siquiera en la zona euro, habitualmente menos inflacionista que España, ese 1% es habitual: el promedio en el mes de noviembre desde 1999 se sitúa en el 2,1%.

Además los topes incorporados por el Gobierno a la fórmula que elaboraron los expertos dificultan la recuperación de poder adquisitivo perdido. Si la diferencia entre inflación y subida de la pensión es del 0,75%, como plantea el Gobierno (un IPC del 1% en comparación con tope mínimo del 0,25%), la pérdida de poder adquisitivo de un año malo solo se recupera cuando se suceden tres años buenos, pues lo máximo que puede subir la pensión es la inflación más 0,25%.

Con una estimación del IPC más cercana a lo ocurrido en los últimos años, el tiempo para recuperar el poder adquisitivo que pierden los pensionistas se eterniza. Una merma del 1,75% (inflación del 2%, tope mínimo del 0,25%) en un solo año malo requiere siete años buenos para compensar lo perdido. Si esa merma es del 2,75% (inflación del 3%), harían falta 11 ejercicios con superávit de ingresos para compensar un solo año malo. Las pérdidas de poder adquisitivo que anticipa el Gobierno hasta 2019 con la aplicación de su reforma exigirían entre 18 años (con una inflación del 1% hasta 2022) y 71 años (si el IPC es del 3%) consecutivos de superávit de ingresos en el sistema de pensiones. Otra evidencia más de que la simple aplicación de esta reforma, sin propuestas adicionales, lograría el objetivo de frenar el gasto en pensiones a expensas del poder adquisitivo de los jubilados.

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BAUMAN

El sociólogo Zygmunt Bauman mantuvo una conversación con El País el sábado en Benicàssim con motivo de su participación en el festival de reggae Rototom. Lo que sigue son extractos de los pensamientos que desarrolló durante la charla.

“La información es muy fácil de conseguir ahora. Vas a Google, haces una pregunta y recibes una respuesta. El problema es que no es una sola, sino que son millones. Cuando yo era joven anhelaba tener la clase de acceso a la información que tengo ahora, pero con el pasar de los años he descubierto que el exceso de información es peor que la escasez. Ahora los temas cambian continuamente. El interés de las personas fluctúa con enorme facilidad”.

“Nos estamos distanciando del pasado a toda velocidad, de lo cual resulta el impacto de dos fuerzas, una es la fuerza del olvido y la otra, la de la memoria. No hay tiempo para entrar en materia, de modo que la memoria guarda un recuerdo deformado del pasado. No sabemos cuánto van a durar las concepciones que se establecen con unos cimientos tan débiles. Esto no es serio. El problema es cómo conseguir llegar a la información relevante, cómo distingues la basura de lo relevante. Se trataría de saber si un año después le interesa a alguien lo sucedido el año anterior, si dejó algún rastro”.

“Simpatizo con el movimiento del 15-M, aunque no les veo capaces de cambiar nada. Pero no los culpo por ello. Sucedió lo mismo con Wall Street, tuvo un enorme eco en los medios, en la cultura, los político, incluso en los críticos sociales… ¿Sabe quiénes fueron los únicos que irónicamente ni se enteraron? Los peces gordos de Wall Street. Están buscando nuevas formas de cambiar las cosas, y eso es loable, pero de momento no las han encontrado. En esta confusión tiene mucho que ver el fenómeno de las redes sociales. Si un chico pasa tres horas diarias en Facebook tejiendo formas de comunicación alternativa es natural que crea la ilusión de que ha construido un espacio de democracia diferente. Cuando no hay ninguna sola prueba de que esta sea efectiva”.

“Nada es estable. Es muy propio de la modernidad líquida. Antes construías el conocimiento como quien construye una casa. Ahora se parece más bien a un tren que pasa sobre los raíles y no deja ninguna huella en la tierra”.

“Cuando escribí el libro [Esto no es un diario, editado por Paidós], la economía estadounidense daba signos de recuperación. Pero curiosamente el 93% de los ingresos extras provenientes de esa recuperación fue para el 1% de la población. Los problemas sociales siguen con nosotros y no tienen muchos visos de solucionarse. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto tardará el problema del desempleo en arreglarse en España. Da la impresión de que todo anda fuera control”.

“Los políticos en esta época de la modernidad líquida se encuentran en una encrucijada. Por un lado, está la presión de los electores. Y por el otro están acogotados por la presión de la austeridad. Los recortes nadie los quiere. Hacen la vida más difícil. Por un lado desean mantener el estado de bienestar, pero por el otro tienen la orden de aniquilarlo. Cada cuatro años hay una nueva elección y entonces tendrán que escuchar lo que dicen los electores. Por el otro, están los mercados, que carecen de escrúpulos, de la solidaridad comunal. Es una situación complicada. Nominalmente el gobierno es responsable de lo que sus electores desean; por el otro, sufren factores que son extraterritoriales”.

“El proceso de la globalización es tortuoso. Hay fuerzas que están globalizadas: las finanzas, los mercados, el terrorismo, el tráfico de armas y de drogas. Mientras tanto, los poderes democráticos siguen siendo locales, nacionales. Aún vivimos bajo la sombra del Tratado de Westfalia. Acabó con la Guerra de los 100 años, y eso fue bueno. Básicamente vino a decir que cada rey, cada príncipe podía decidir en qué clase de dios sus súbditos deben creer. Nació el concepto de la soberanía nacional. Seguimos operando con el viejo patrón, pero con una intolerable presión proveniente de la globalización”.

“Toda mi vida, y he tenido una larga existencia, siempre he tenido la impresión de que las jóvenes generaciones si se aplicaban al estudio y obtenían buenos niveles de educación, les aguardaba una larga carrera. Las nuevas generaciones comenzaban donde habían terminado las anteriores. Se daba por sentado. Es la primera vez en que la generación más joven tienen las mejores expectativas (buena educación, idiomas) y ningún futuro. La juventud está cerca de acabar en la cuneta, corre el riesgo de ser redundante”

“Ocupar la plaza, como se ha hecho en Madrid o en Wall Street, no soluciona el principal problema y es que el poder ya no lo controlan los políticos y que la política carece de poder para cambiar nada. Tampoco creo que sirva ocupar un supermercado, como se está viendo estos días en España”.

“Como estamos padeciendo una crisis detrás de otra, no prestamos atención a lo que es definitivo: no podemos seguir viviendo como vivíamos, no podemos consumir como antes. Y eso es un hecho. Hay que olvidar de una vez que la felicidad esté relacionada con la adquisición de bienes”.

“La clase política durante mucho tiempo ha aplicado una sola idea a la resolución de los problemas sociales: incrementar el consumo. Vivimos en un planeta que no admite más explotación de los recursos. Extender los patrones de consumo de los países desarrollados al resto del planeta es impensable si queremos pervivir”.

“Estamos alcanzando niveles de desigualdad cercanos a los del siglo XIX. En la antigua sociedad de los productores, los jefes y los empleadores eran dependientes entre sí. Ahora esa relación se ha quebrado. Antes, un trabajador de la Fiat o de Ford estaba empleado en la compañía durante treinta o cuarenta años. Ahora, la media de permanencia en una empresa de un trabajador de Silicon Valley es de ocho meses. Creo que la diferencia es elocuente por sí misma. Hoy, los herederos de Ford pueden coger su iPhone traspasar todo su capital a un país en el que la gente sigue viviendo por un dólar diario. Y donde la fuerza laboral es barata, no hay sindicatos y los gobiernos corruptos están dispuestos a cualquier cosa. Pueden mudarse, pero los trabajadores no pueden. La dependencia mutua ha sido sustituida por la unilateralidad. Los empleados necesita al patrón, pero no al revés”.

“Preguntas como si los ciudadanos tenían más miedo hace cien años que ahora, si sufrían más o no son imposibles de contestar. Esa gente que sufría entonces no estaba en la misma situación que nosotros ahora, por lo que no es posible la comparación. El hecho de haber vivido mucho permite a un sociólogo experimentar muchos momentos diferentes. Mi conclusión hoy, a los 88 años, es que no he encontrado ninguna sociedad perfecta. La felicidad nunca es completa. Cada sociedad tiene sus problemas. Lo más inquietante de la sociedad contemporánea, y la idea es del filósofo francogriego Cornelius Castoriadis, es que ha dejado de hacerse preguntas a sí misma. El gran peligro es cuando crees haber dado con la sociedad perfecta. La búsqueda de la sociedad perfecta no tiene fin y eso es bueno. El afán por mejorar es uno de las mejores cosas de la condición humana”.

“Cuando sucedió la revolución verde en Irán, Hillary Clinton saludó el nacimiento del nuevo Irán para felicitarse por haber presenciado de la primera revolución de Internet. Se oyeron cosas como que la gente disparó con sus Twitters en respuesta a las balas reales del poder. Luego quedó demostrado que solo unas 60 personas realmente tienen esa herramienta en Irán. Y que al final resultó una revolución de las de toda la vida, en la que la gente se involucró por las vías tradicionales, por el trato personal. Al final, nada cambió, salvo una cosa: nunca resultó tan fácil para la dictadura atrapar a los líderes de la revolución. Solo tuvieron que teclear los nombres en Google. Clinton celebrando la libertad de Internet es un gesto irónico, sobre todo ahora que sabemos que quieren cortarle la cabeza a Julian Assange por emplear la libertad de expresión en la Red. Lo que en Irán consideraba un gran paso para la democracia, en EE UU es un atentado contra la seguridad nacional. Es de locos”.

“La extinción de los intelectuales daría para una larga charla aparte. Resulta una cuestión dolorosa, en cualquier caso. Michel Foucault explicó que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo llegó cuando pasamos del concepto del intelectual total al del intelectual parcial. Según esa idea, cada cual defiende lo suyo. La figura del intelectual debería usar su autoridad pública, su influencia para aportar a la solución de los problemas, a la creación de valores sociales. El intelectual parcial que solo defiende lo suyo es en sí mismo una contradicción. Cuando yo era joven la palabra intelectual se empleaba asociada con la idea de la gente, de la comunidad. Esta conjunción ha sido rota. El contrato entre la sociedad y el intelectual se ha quebrado. Además, ya no tiene la capacidad para llegar a nadie. Ese poder lo tienen los medios”.

FELICIDADE

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FELICIDAD

“Hemos perdido el arte de las relaciones sociales”
La humanidad ha olvidado cómo ser feliz, advierte el sociólogo polaco

“Hay que replantearse el concepto de felicidad, se lo digo totalmente en serio”. El hombre que bautizó este tiempo de incertidumbre como modernidad líquida repara durante gran parte de la conversación en el deseo más universal de la humanidad. El filósofo y pensador Zygmunt Bauman (Poznan, Polonia, 1925) cree que se nos ha olvidado cómo alcanzarla: “Generamos una especie de sentido de la culpabilidad que nos lo impide”.

Bauman recaló recientemente en la capital para ofrecer una conferencia en la Universidad Europea de Madrid a propósito de su último libro Sobre la educación en un mundo líquido, publicado en 2013. La conversación transcurre en una mesa de reuniones, frente a una botella de agua que apenas toca y un gran ventanal. Y ahí, con un gesto grave como su voz, profundiza sobre la felicidad, la crisis económica, las redes sociales o la juventud. “La búsqueda de una vida mejor es lo que nos ha sacado de las cuevas, un instinto natural y perfectamente comprensible, pero en el último medio siglo se ha llegado a pensar que es equivalente al aumento de consumo y eso es muy peligroso”, señala el premio Príncipe de Asturias 2010. Con mirada enérgica, anima a cambiar los referentes: “Hemos olvidado el amor, la amistad, los sentimientos, el trabajo bien hecho”. Lo que se consume, lo que se compra “son solo sedantes morales que tranquilizan tus escrúpulos éticos”, despacha el filósofo que, a sus 88 años, arranca y despide el encuentro matutino fumándose una pipa de tabaco y un cigarro.
Universidad Europea de Madrid.

Describe un círculo vicioso familiar a propósito de la asociación de felicidad y consumo. El padre o la madre que dedican parte del sueldo a comprar la consola al hijo, porque se sienten culpables al no dedicarles tiempo. Le hacen el regalo, pero el modelo queda obsoleto pronto y se comprometen a facilitarle el siguiente. “Para pagarlo necesitarán más éxito profesional, estar más disponibles para el jefe, usar un tiempo que quitarás a tu familia…”.

Zygmunt Bauman no tiene teléfono móvil ni perfil en las redes sociales, pero “desgraciadamente” se ve obligado a observarlos de cerca: “No tengo más remedio que interesarme por estos fenómenos por motivos profesionales”. Abomina de ellos porque considera que invaden todos los espacios y diluyen las relaciones humanas. “El viejo límite sagrado entre el horario laboral y el tiempo personal ha desaparecido. Estamos permanentemente disponibles, siempre en el puesto de trabajo”, dice.

No le gusta el papel que juegan en la vida laboral y tampoco el que suplantan, en su opinión, en las relaciones personales. Se acuerda de Mark Zuckerberg, que ideó la red Facebook para ser un chico popular. “Claramente ha encontrado una mina de oro, pero el oro que él buscaba era otro: quería tener amigos”.

“Todo es más fácil en la vida virtual, pero hemos perdido el arte de las relaciones sociales y la amistad”, se detiene. Las pandillas de amigos o las comunidades de vecinos “no te aceptan porque sí, pero ser miembro de un grupo de en Facebook es facilísimo. Puedes tener más de 500 contactos sin moverte de casa, le das a un botón y ya”.

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LA DEMOCRACIA PUESTA A PRUEBA

José Ignacio Torreblanca, El País, 12 NOV 2011
En lo que parece ser una nueva y peligrosa fase de la crisis, las tensiones generadas por la crisis del euro están comenzando a desestabilizar las democracias europeas. Casi dos años de dudas y divisiones, de falta de coraje y de visión política para adoptar una solución europea están cebando la desafección ciudadana, tanto hacia las democracias nacionales como hacia el propio proyecto europeo. Como hemos visto en Grecia y en Italia, la agudización de la crisis coloca a los líderes políticos entre la espada y la pared. Por un lado, temen que si adoptan nuevas y más severas medidas de austeridad sin una contrapartida en forma de planes de estímulo que garanticen un horizonte de crecimiento económico, los ciudadanos se acabarán volviendo contra ellos y, desde las urnas, las calles o los Parlamentos, llevándoselos por delante. Pero, al mismo tiempo, saben perfectamente que si se resisten a adoptar esas mismas medidas de austeridad, los mercados les penalizarán elevando su prima de riesgo y forzando una intervención exterior, lo que desencadenará su caída, o llevará a que sus socios europeos retiren el apoyo financiero que les venían prestando, lo que también provocará su caída.

En estas circunstancias, el agotamiento de la política tradicional de partidos y la sustitución de los líderes políticos por tecnócratas añaden un elemento sumamente preocupante desde el punto de vista democrático. Tanto el nuevo primer ministro griego, Lukas Papademos, como los nombres que se barajan para futuro primer ministro de Italia, Giuliano Amato o Mario Monti, economistas con destacadas carreras en bancos centrales o instituciones europeas, representan la quintaesencia del tecnócrata. El rechazo de los políticos a someter el control de sus decisiones, pasadas o futuras, a la ciudadanía, vía elecciones anticipadas o referendos, apunta a que estos están bajando los brazos frente a los mercados, que no confían en su capacidad de resolver la crisis y, sobre todo, que sospechan que su legitimidad está agotada. Así, en lugar de asumir su responsabilidad, se apartan a un lado y llaman a técnicos que (supuestamente) carecen de ideología y que (también supuestamente) conocen las soluciones que sacarán a los países de la crisis.

El paso encierra un peligro evidente, pues supone confiar la responsabilidad de gobernar un país que se enfrenta a una grave crisis económica, con graves e inevitables repercusiones sociales, a alguien que no deriva su legitimidad de las urnas, sino de la confianza que en él depositan los mercados y las instituciones internacionales. El problema es que, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional, los tecnócratas solo se legitiman si son capaces de obtener resultados positivos de forma relativamente rápida. Dicho de otra manera: la ciudadanía puede estar dispuesta a aceptar temporalmente y como mal menor una forma benigna de despotismo ilustrado (“todo para el pueblo, pero sin el pueblo”), pero si los tecnócratas suman su fracaso al de los políticos de partido, las sociedades tendrán la tentación de recurrir al populismo (de izquierdas o de derechas), expresado en hombres-fuertes que no se paren en procedimientos ni detalles democráticos.

Los tecnócratas solo se legitiman si logran resultados con relativo rapidez

El deterioro de la democracia y la amenaza del populismo no solo penden sobre algunas democracias deudoras del sur de Europa. Mientras que en los países deudores una gran parte de la ciudadanía se rebela contra la imposición desde el exterior de medidas de austeridad, simétricamente, en los países acreedores (Alemania, Austria, Eslovaquia, Finlandia y Países Bajos), otra gran parte de la ciudadanía se rebela contra el empeño de sus líderes en seguir financiando los planes de salvamento de los países que sufren de iliquidez o insolvencia o, muy especialmente, contra cualquier solución que implique una nueva transferencia de poder y recursos hacia la Unión Europea.

En muchos de estos países ya hay partidos muy influyentes cuya agenda antieuropea tiene cada vez más apoyo popular, así que no hay que extrañarse de que muchos políticos de esos países se debatan entre ignorar esas demandas ciudadanas, lo que les puede costar el cargo, o seguir alimentado los planes de rescate a los países del Sur, lo que también les puede costar el cargo. Las lágrimas de la primera ministra eslovaca, Iveca Radicova, en el último Consejo Europeo, abroncada por Sarkozy por resistirse a firmar el plan de rescate para Grecia, consciente de que su aprobación suponía el fin de su carrera política y la salida de su partido del Gobierno, son muy reveladores de hasta qué punto la crisis europea se ha convertido en un factor desestabilizador de la política nacional. E incluso en Reino Unido, que no es miembro del euro, se teme que las presiones hacia una mayor unión política y económica que está desencadenando la crisis del euro se resuelvan en sentido contrario, es decir, haciendo imposible evitar un referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, un referéndum que, con toda legitimidad democrática, muchos ciudadanos reclaman en nombre de su derecho a decidir sobre sí mismos y el futuro de su país, y que consideran que se les está hurtando en nombre de unas élites que saben lo que les conviene mejor que ellos.

La amenaza del populismo no solo pende sobre algunas democracias del sur

Por tanto, la crisis está cebando el populismo y la desafección en dos direcciones: los ciudadanos de los países acreedores temen verse arrastrados a una “unión de transferencias” con los ciudadanos de los países deudores, mientras que los ciudadanos de los países deudores recelan cada vez más de unos acreedores a los que simplemente ven como policías de la austeridad sin un proyecto político alternativo que compense la erosión de su democracia. Se trata de un círculo vicioso que se retroalimenta y que tiene importantes y evidentes consecuencias sobre el futuro de la democracia y, en paralelo, del proyecto europeo.

El sentido último de la democracia es que el pueblo se gobierne a sí mismo. Por eso, aunque un gran número de ciudadanos no entiendan al detalle las causas, consecuencias y posibles soluciones de las crisis del euro, sí que tienen clara una cosa: si democracia significa capacidad de decidir, la capacidad de decisión de nuestras democracias es hoy sumamente limitada. El debate habido en España el lunes pasado entre los dos candidatos a la Presidencia del Gobierno ofrece una prueba muy evidente del dilema en el que viven atrapados los políticos nacionales en toda Europa: en la práctica, saben perfectamente que las soluciones a la crisis están fuera de nuestras fronteras. Si se crea empleo en España o se restaura el crédito a las empresas depende, entre otras cosas, del tipo de medidas que adopte el Banco Central Europeo, de los acuerdos a los que lleguemos con Alemania y otros para estimular la demanda, de si orientamos el presupuesto europeo hacia las grandes inversiones, o de si creamos impuestos sobre las transacciones financieras y las emisiones de carbono. Pero, lógicamente, para ganar el voto de sus ciudadanos, tienen que hacer creer que la solución de la crisis está en sus manos y que incluso tienen margen de maniobra para elegir qué cantidad de austeridad aplican y en qué plazos: de ahí que emplearan tan poco tiempo hablando de cómo construir una Europa que dé soluciones efectivas y duraderas a la crisis.

La capacidad de decidir de nuestras democracias es hoy sumamente limitada

Al tiempo que la democracia (como capacidad de autogobernarse) se evapora del nivel nacional, no aparece por ningún lado y, especialmente, no reaparece donde debiera hacerlo: en el ámbito europeo. Más bien al contrario, en lugar de reforzar la democracia en el ámbito europeo, la crisis está sirviendo para reforzar la tecnocracia en ambos niveles: en el nacional, poniendo al mando a tecnócratas con amplia experiencia europea, y en el europeo, reforzando la capacidad de los tecnócratas, desde el Banco Central o la Comisión Europea, para supervisar a los Gobiernos de la Unión.

Como ponen de manifiesto las recientes propuestas del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, de reconfigurar las competencias del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el finlandés Olli Rehn, para blindarlo frente a las presiones de otros comisarios (al parecer excesivamente sensibles a los Gobiernos de sus países de origen) y darle nuevos poderes de intervenir en la gestión económica y presupuestaria de los Estados miembros, la crisis del euro está suponiendo la expropiación implícita y por la puerta de atrás de esa capacidad de decisión en la que consiste la democracia, todo ello sin debate ni análisis sobre las consecuencias. Que el siempre excesivamente prudente Barroso y su comisario Rehn se permitieran pedir en público un Gobierno de concentración nacional en Grecia sin reparar en que hasta los muy desprestigiados ciudadanos griegos tienen todavía derecho a un mínimo de dignidad democrática, refleja muy bien hasta dónde han llegado las cosas: a los ojos de muchos, esta Europa de la austeridad donde un portugués y un finlandés no respaldados por las urnas pueden sugerir quién debe gobernar un país se parece sospechosamente al Fondo Monetario Internacional que campeaba por América Latina en los años ochenta imponiendo planes de ajuste sin rendir cuentas ante nadie.

La crisis del euro está cebando la desafección de los ciudadanos

Resulta pues evidente que la crisis del euro y la crisis de las democracias están íntimamente relacionadas, y no podrán ser resueltas la una sin la otra. Aunque la crisis actual se desencadena por el choque financiero que supuso la caída de Lehman Brothers en 2008, la crisis del euro se origina en un doble error de diseño. Fueron muchos los que dijeron entonces que, además de los desequilibrios en el sector público, había que supervisar los desequilibrios en el sector financiero, y controlar la pérdida de competitividad y el deterioro de las balanzas comerciales de los Estados. Pero en tiempos de bonanza, esos errores de diseño, económico y político, fueron ignorados, porque no hay nada más legítimo que lo que funciona bien. El caso es que, desde el punto de vista económico, el euro se lanzó sin estar respaldado por un Tesoro europeo y una política fiscal común. Y en paralelo, la unión económica y monetaria nació sin un sistema político que gozara de la suficiente legitimidad para respaldarla.

Esta Europa se parece mucho al FMI que imponía sus planes de ajuste

La preocupación por la democracia en el ámbito europeo, que emergió tras la rebelión ciudadana contra el proyecto europeo puesta de manifiesto en el rechazo a la Constitución Europea en Francia y los Países Bajos en 2005, y por el auge del euroescepticismo, puesto de manifiesto en las elecciones europeas de 2009, fue dejada en un segundo plano y apartada como algo incómodo. El problema es que, al igual que la bonanza en la que han vivido muchos países europeos, incluido España, durante la última década, tiene que ver con esos errores de diseño del euro, que inundó de dinero barato muchas economías y alimentó los desequilibrios; la recesión en la que nos adentramos ahora también tiene que ver con el diseño de la unión monetaria, con un Banco Central Europeo centrado en la inflación, y no en el crecimiento y el empleo, y sin más capacidad que la de parchear la crisis, pero no de solucionarla definitivamente.

En una Unión Europea boyante, la preocupación democrática era más bien de carácter estético. Pero cuando los errores de diseño en la unión económica y monetaria comienzan a afectar decisivamente la vida diaria y horizontes de futuro de decenas de millones de personas, socavar su capacidad de autogobierno y deteriorar la calidad de la democracia, esa preocupación por cómo se gobierna Europa tiene que volver al centro del debate político.

Nos encontramos ante una situación inédita en la historia de la democracia. Históricamente, la democracia solo ha existido en dos niveles: la polis griega y el Estado-nación. Como sabemos, no hubo transición de una a otra ni coexistencia entre ambas formas: una desapareció y la otra emergió siglos después. A lo que estamos asistiendo ahora es a la difícil coexistencia de la democracia en el ámbito nacional con la emergencia, en el ámbito europeo, de un nuevo centro de poder, una nueva pauta de toma de decisiones que afecta al núcleo central de la democracia. El problema es que al igual que los mecanismos que hicieron funcionar la democracia en la ciudad-Estado no sirvieron para gobernar los Estados-nación, las actuales democracias representativas se están mostrando incapaces de gestionar eficaz y democráticamente ese sistema que está emergiendo en el ámbito europeo.

En un último extremo, esta crisis es política y sus soluciones no son técnicas

El gran logro de Europa, su verdadero patrimonio, es haber logrado construir sociedades abiertas regidas por Gobiernos al servicio de los ciudadanos y sometidos a reglas democráticas. Por definición, toda regla es imperfecta, ya que está diseñada por humanos falibles que actúan con un conocimiento limitado e imperfecto de una realidad cambiante, así que esas reglas se han construido trabajosamente, mediante ensayo y error. Ahora, el mantenimiento del carácter esencialmente democrático de nuestras sociedades depende de qué reglas del juego nos dotemos en el nivel europeo para resolver esta crisis.

Esas reglas pueden profundizar la democracia europea o profundizar el deterioro de la democracia en el ámbito nacional. Por eso, en último extremo, esta crisis es política, y sus soluciones son políticas no técnicas, y no deben ser gestionadas por tecnócratas, ni en los Estados, ni en Europa, sino por los ciudadanos y sus representantes legítimos.

Élites extractivas

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Who Are the Extractive Elites?
Author: Daron Acemoglu and James Robinson

Key to our argument in Why Nations Fail is the idea that elites, when sufficiently political powerful, will often support economic institutions and policies inimical to sustained economic growth. Sometimes they will block new technologies; sometimes they will create a non-level playing field preventing the rest of society from realizing their economic potential; sometimes they will simply violate others’ rights destroying investment and innovation incentives.

An interesting article in The Economist’s Buttonwood column asks: Who are these rapacious elites in today’s Western economies?

Buttonwood suggests that two plausible candidates are too-big-to-fail huge-risk-taking bankers and public sector employees with their cushy jobs, which they protect using their power as voters and sometimes through public-sector unions.

Banks, which have huge political clout, as the world witnessed not only in the midst of the 2008-2009 crisis but again in the European debt restructuring debacle of the last two years, are a great candidate indeed. Buttonwood questions whether they have really been an impediment to prosperity. The answer is probably yes: excessive risk-taking by the banks created lots of economic distortions and is in part responsible for the crisis. The inflated salaries in the banking industry may have also damaged the economy by attracting a lot of the talent that should have gone into more innovative activities (as suggested by the evidence in this paper and this paper).

But what about public-sector employees? What about unions? Don’t they, as Buttonwood suggests, also exercise their power to block new technologies and create similar distortions?

On the face of it, this is a plausible hypothesis. In democratic societies organized groups can wield power, and it is only natural that they will exploit this power to their benefit — and to the great detrimental of others. Muncur Olson, in fact, suggested in The Rise and Decline of Nations such groups as the most important threat to the economic longevity of Western democracies.  In his magisterial Levers of Riches, Joel Mokyr uses the Luddites destroying textile machines as the exemplar of the resistance against the creative destruction wrought by new technologies. More recently, the print unions on Fleet Street had blocked the introduction of the superior offset litho printing process until their defeat by Rupert Murdoch’s News International in 1987. And of course unions do create a non-level playing field, advantaging their members at the expense of those left out.

So perhaps unions in general and public-sector unions in particular are the new extractive elites resisting technological change.

But here is the problem with this perspective. In most cases, unions and workers, even if they appear politically powerful, don’t seem to be able to stop the introduction of new technologies. Luddites feature in history books not as successful blockers, but to illustrate the futility of standing on the path of new technologies. Print unions did delay the introduction of superior printing technology but were ultimately cast aside.

And there is a good reason for this. The power of the Luddites in 19th-century Britain was limited — certainly compared to the near-absolute power of the Russian and Austria-Hungarian elites who strenuously resisted the introduction of factories and railways. Unions can mobilize their members to strike and can act as a powerful interest group, but their power is also probably limited relative to those of the very rich both in democratic and non-democratic societies — and in the US, the power of unions was probably seriously, perhaps irreversibly, damaged by Ronald Reagan’s victory over the air traffic controllers’ strike.

In consequence, in the US today, the fear is not that unions will take over the political process, but that the rich elite — including but not limited to the banking elites — will and in fact have already done so.

This makes us believe that, though the unions, when they have the power, can also act as extractively as other groups in pursuing their interests at the expense of the rest of us, they are not the main elites threatening the inclusivity of Western institutions.

That being said, it is probably true that unions have been in a more rent-seeking mode in the second half of the 20th century compared to their pivotal role in the development of inclusive institutions in the 19th and early 20th centuries. For example, the story of democracy in Britain would have likely been very different without the labor movement, which mobilized the disenfranchised to demand voting rights for all. Similarly, the US labor movement played a central role in giving voice to workers and improving working conditions. Is anything different today? The answer is not clear. But one possibility is that in fighting for broad-based issues such as democracy or limits on harsh, even coercive, working conditions for most workers, the labor movement in the 19th and early 20th centuries was both more effective and more clearly on the side of greater inclusivity in economic and political institutions. This may have changed once unions’ demands shifted to higher wages, more generous health insurance and better pensions for their narrow membership.

On the other hand, some also argue that a strong labor movement is even more necessary today as a counterweight against the creeping political inequality in favor of the very wealthy and the politically-connected corporations. We think that some sort of organization to counterbalance the political power of the mega-rich is indeed necessary. Whether this role can be — and should be — played by unions is a question that requires more thought and research (i.e., we don’t know the answer).

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capitalism is the crisis

UNA TEORÍA DE LA CLASE POLÍTICA ESPAÑOLA.

CÉSAR MOLINAS, 09.09.2012, El País.

En este artículo propongo una teoría de la clase política española para argumentar la necesidad imperiosa y urgente de cambiar nuestro sistema electoral para adoptar un sistema mayoritario. La teoría se refiere al comportamiento de un colectivo y, por tanto, no admite interpretaciones en términos de comportamientos individuales. ¿Por qué una teoría? Por dos razones. En primer lugar porque una teoría, si es buena, permite conectar sucesos aparentemente inconexos y explicar sucesos aparentemente inexplicables. Es decir, dar sentido a cosas que antes no lo tenían. Y, en segundo lugar, porque de una buena teoría pueden extraerse predicciones útiles sobre lo que ocurrirá en el futuro. Empezando por lo primero, una buena teoría de la clase política española debería explicar, por lo menos, los siguientes puntos:

¿Cómo es posible que, tras cinco años de iniciada la crisis, ningún partido político tenga un diagnóstico coherente de lo que le está pasando a España?
¿Cómo es posible que ningún partido político tenga una estrategia o un plan a largo plazo creíble para sacar a España de la crisis? ¿Cómo es posible que la clase política española parezca genéticamente incapaz de planificar?
¿Cómo es posible que la clase política española sea incapaz de ser ejemplar? ¿Cómo es posible que nadie-salvo el Rey y por motivos propios- haya pedido disculpas?
¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia para España -la mejora de la educación, el fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento y el apoyo a la investigación- sea no ya ignorada, sino masacrada con recortes por los partidos políticos mayoritarios?

En lo que sigue, argumento que la clase política española ha desarrollado en las últimas décadas un interés particular, sostenido por un sistema de captura de rentas, que se sitúa por encima del interés general de la nación. En este sentido forma una élite extractiva, según la terminología popularizada por Acemoglu y Robinson. Los políticos españoles son los principales responsables de la burbuja inmobiliaria, del colapso de las cajas de ahorro, de la burbuja de las energías renovables y de la burbuja de las infraestructuras innecesarias. Estos procesos han llevado a España a los rescates europeos, resistidos de forma numantina por nuestra clase política porque obligan a hacer reformas que erosionan su interés particular. Una reforma legal que implantase un sistema electoral mayoritario provocaría que los cargos electos fuesen responsables ante sus votantes en vez de serlo ante la cúpula de su partido, daría un vuelco muy positivo a la democracia española y facilitaría el proceso de reforma estructural. Empezaré haciendo una breve historia de nuestra clase política. A continuación la caracterizaré como una generadora compulsiva de burbujas. En tercer lugar explicitaré una teoría de la clase política española. En cuarto lugar usaré esta teoría para predecir que nuestros políticos pueden preferir salir del euro antes que hacer las reformas necesarias para permanecer en él. Por último propondré cambiar nuestro sistema electoral proporcional por uno mayoritario, del tipo first-past-the-post, como medio de cambiar nuestra clase política.
La historia

Los políticos de la Transición tenían procedencias muy diversas: unos venían del franquismo, otros del exilio y otros estaban en la oposición ilegal del interior. No tenían ni espíritu de gremio ni un interés particular como colectivo. Muchos de ellos no se veían a sí mismos como políticos profesionales y, de hecho, muchos no lo fueron nunca. Estos políticos tomaron dos decisiones trascendentales que dieron forma a la clase política que les sucedió. La primera fue adoptar un sistema electoral proporcional corregido, con listas electorales cerradas y bloqueadas. El objetivo era consolidar el sistema de partidos políticos fortaleciendo el poder interno de sus dirigentes, algo que entonces, en el marco de una democracia incipiente y dubitativa, parecía razonable. La segunda decisión, cuyo éxito se condicionaba al de la primera, fue descentralizar fuertemente el Estado, adoptando la versión café para todos del Estado de las autonomías. Los peligros de una descentralización excesiva, que eran evidentes, se debían conjurar a partir del papel vertebrador que tendrían los grandes partidos políticos nacionales, cohesionados por el fuerte poder de sus cúpulas. El plan, por aquel entonces, parecía sensato.

Pero, tal y como le ocurrió al Dr. Frankenstein, lo que creó al monstruo no fue el plan, que no era malo, sino su implementación. Por una serie de infortunios, a la criatura de Frankenstein se le acabó implantando el cerebro equivocado. Por una serie de imponderables, a la joven democracia española se le acabó implantando una clase política profesional que rápidamente devino disfuncional y monstruosa. Matt Taibbi, en su célebre artículo de 2009 en Rolling Stone sobre Goldman Sachs “La gran máquina americana de hacer burbujas” comparaba al banco de inversión con un gran calamar vampiro abrazado a la cara de la humanidad que va creando una burbuja tras otra para succionar de ellas todo el dinero posible. Más adelante propondré un símil parecido para la actual clase política española, pero antes conviene analizar cuáles han sido los cuatro imponderables que han acabado generando a nuestro monstruo.

En primer lugar, el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas, ha creado una clase política profesional muy distinta de la que protagonizó la Transición. Desde hace ya tiempo, los cachorros de las juventudes de los diversos partidos políticos acceden a las listas electorales y a otras prebendas por el exclusivo mérito de fidelidad a las cúpulas. Este sistema ha terminado por convertir a los partidos en estancias cerradas llenas de gente en las que, a pesar de lo cargado de la atmósfera, nadie se atreve a abrir las ventanas. No pasa el aire, no fluyen las ideas, y casi nadie en la habitación tiene un conocimiento personal directo de la sociedad civil o de la economía real. La política y sus aledaños se han convertido en un modus vivendi que alterna cargos oficiales con enchufes en empresas, fundaciones y organismos públicos y, también, con canonjías en empresas privadas reguladas que dependen del BOE para prosperar.

En segundo lugar, la descentralización del Estado, que comenzó a principios de los 80, fue mucho más allá de lo que era imaginable cuando se aprobó la Constitución. Como señala Enric Juliana en su reciente libro Modesta España, el Estado de las autonomías inicialmente previsto, que presumía una descentralización controlada de “arriba a abajo”, se vio rápidamente desbordado por un movimiento de “abajo a arriba” liderado por élites locales que, al grito de “¡no vamos a ser menos!”, acabó imponiendo la versión de café para todos del Estado autonómico. ¿Quiénes eran y qué querían estas élites locales? A pesar de ser muy lampedusiano, Juliana se limita a señalar a “un democratismo pequeñoburgués que surge desde abajo”. Eso es, sin duda, verdad. Pero, adicionalmente, es fácil imaginar que los beneficiarios de los sistemas clientelares y caciquiles implantados en la España de provincias desde 1833, miraban al nuevo régimen democrático con preocupación e incertidumbre, lo que les pudo llevar, en muchos casos, a apuntarse a “cambiarlo todo para que todo siga igual” y a ponerse en cabeza de la manifestación descentralizadora. Como resultante de estas fuerzas, se produjo un crecimiento vertiginoso de las Administraciones Públicas: 17 administraciones y gobiernos autonómicos, 17 parlamentos y miles -literalmente miles- de nuevas empresas y organismos públicos territoriales cuyo objetivo último en muchos casos, era generar nóminas y dietas. En ausencia de procedimientos establecidos para seleccionar plantillas, los políticos colocaron en las nuevas administraciones y organismos a deudos, familiares, nepotes y camaradas, lo que llevó a una estructura clientelar y politizada de las administraciones territoriales que era inimaginable cuando se diseñó la Constitución. A partir de una Administración hipertrofiada, la nueva clase política se había asegurado un sistema de captura de rentas -es decir un sistema que no crea riqueza nueva, sino que se apodera de la ya creada por otros- por cuyas alcantarillas circulaba la financiación de los partidos.

En tercer lugar, llegó la gran sorpresa. El poder dentro de los partidos políticos se descentralizó a un ritmo todavía más rápido que las Administraciones Públicas. La idea de que la España autonómica podía ser vertebrada por los dos grandes partidos mayoritarios saltó hecha añicos cuando los llamados barones territoriales adquirieron bases de poder de “abajo a arriba” y se convirtieron, en la mejor tradición del conde de Warwick, en los hacedores de reyes de sus respectivos partidos. En este imprevisto contexto, se aceleró la descentralización del control y la supervisión de las Cajas de Ahorro. Las comunidades autónomas se apresuraron a aprobar sus propias leyes de Cajas y, una vez asegurado su control, poblaron los consejos de administración y cargos directivos con políticos, sindicalistas, amigos y compinches. Por si esto fuera poco, las Cajas tuteladas por los gobiernos autonómicos hicieron proliferar empresas, organismos y fundaciones filiales, en muchas ocasiones sin objetivos claros aparte del de generar más dietas y más nóminas.

Y en cuarto lugar, aunque la lista podría prolongarse, la clase política española se ha dedicado a colonizar ámbitos que no son propios de la política como, por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la CNMV, los reguladores sectoriales de energía y telecomunicaciones, la Comisión de la Competencia… El sistema democrático y el Estado de derecho necesitan que estos organismos, que son los encargados de aplicar la Ley, sean independientes. La politización a la que han sido sometidos ha terminado con su independencia, provocando una profunda deslegitimación de estas instituciones y un severo deterioro de nuestro sistema político. Pero es que hay más. Al tiempo que invadía ámbitos ajenos, la política española abandonaba el ámbito que le es propio: el Parlamento. El Congreso de los Diputados no es solo el lugar donde se elaboran las leyes; es también la institución que debe exigir la rendición de cuentas. Esta función del Parlamento, esencial en cualquier democracia, ha desaparecido por completo de la vida política española desde hace muchos años. La quiebra de Bankia, escenificada en la pantomima grotesca de las comparecencias parlamentarias del pasado mes de julio, es sólo el último de una larga serie de casos que el Congreso de los Diputados ha decidido tratar como si fuesen catástrofes naturales, como un terremoto, por ejemplo, en el que aunque haya víctimas no hay responsables. No debería sorprender, desde esta perspectiva, que los diputados no frecuenten la Carrera de San Jerónimo: hay allí muy poco que hacer.
Las burbujas

Los cuatro procesos descritos en los párrafos anteriores han conformado un sistema político en el que las instituciones están, en el mal sentido de la palabra, excesivamente politizadas y en el que nadie acaba siendo responsable de sus actos porque nunca se exige en serio rendición de cuentas. Nadie dentro del sistema pone en cuestión los mecanismos de capturas de rentas que constituyen el interés particular de la clase política española. Este es el contexto en el que se desarrollaron no sólo la burbuja inmobiliaria y el saqueo y quiebra de la gran mayoría de las Cajas de Ahorro, sino también otras “catástrofes naturales”, otros “actos de Dios”, a cuya generación tan adictos son nuestros políticos. Porque, como el gran calamar de Taibbi, la clase política española genera burbujas de manera compulsiva. Y lo hace no tanto por ignorancia o por incompetencia como porque en todas ellas captura rentas. Hagamos, sin pretensión alguna de exhaustividad, un brevísimo repaso de las principales tropelías impunes de las últimas dos décadas: la burbuja inmobiliaria, las Cajas de Ahorro, las energías renovables y las nuevas autopistas de peaje.

La burbuja inmobiliaria española fue, en términos relativos, la mayor de las tres que estuvieron en el origen de la actual crisis global, siendo las otras dos la estadounidense y la irlandesa. No hay duda de que, como las demás, estuvo alimentada por los bajos tipos de interés y por los desequilibrios macroeconómicos a escala mundial. Pero, dicho esto, al contrario de lo que sucede en EE UU, las decisiones sobre qué se construye y dónde se construye en España se toman en el ámbito político. Aquí no se puede hablar de pecados por omisión, de olvido del principio de que los gestores públicos deben gestionar como diligentes padres de familia. No. En España la clase política ha inflado la burbuja inmobiliaria por acción directa, no por omisión ni por olvido. Los planes urbanísticos se fraguan en complejas y opacas negociaciones de las que, además de nuevas construcciones, surgen la financiación de los partidos políticos y numerosas fortunas personales, tanto entre los recalificados como entre los recalificadores. Por si el poder de los políticos –decidir el qué y el dónde- no fuese suficiente, la transmisión del control de las Cajas de Ahorro a las comunidades autónomas añadió a los dos anteriores el poder de decisión sobre el quién, es decir, el poder de decisión sobre quién tenía financiación de la Caja de turno para ponerse a construir. Esto supuso un salto cualitativo en la capacidad de captura de rentas de la clase política española, acercándola todavía más a la estrategia del calamar vampiro de Taibbi. Primero se infla la burbuja, a continuación se capturan todas las rentas posibles y, por último, a la que la burbuja pincha… ¡ahí queda eso! El panorama, cinco años después del pinchazo de la burbuja, no puede ser más desolador. La economía española no crecerá durante muchos años más. Y las Cajas de Ahorro han desaparecido, la gran mayoría por insolvencia o quiebra técnica. ¡Ahí queda eso!

Las otras dos burbujas que mencionaré son resultado de la peculiar simbiosis de nuestra clase política con el “capitalismo castizo”, es decir, con el capitalismo español que vive del favor del Boletín Oficial del Estado. En una reunión reciente, un conocido inversor extranjero lo llamó “relación incestuosa”; otro, nacional, habló de “colusión contra consumidores y contribuyentes”. Sea lo que sea, recordemos en primer lugar la burbuja de las energías renovables. España representa un 2% del PIB mundial y está pagando el 15% del total global de las primas a las energías renovables. Este dislate, presentado en su día como una apuesta por situarse en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, es un sinsentido que España no se puede permitir. Pero estas primas generan muchas rentas y prebendas capturadas por la clase política y, también hay que decirlo, mucho fraude y mucha corrupción a todos los niveles de la política y de la Administración. Para financiar las primas, las empresas y familias españolas pagan la electricidad más cara de Europa, lo que supone una grave merma de competitividad para nuestra economía. A pesar de esos precios exagerados, y de que la generación eléctrica tiene un exceso de capacidad de más del 30%, el sistema eléctrico español ostenta un déficit tarifario de varios miles de millones de euros al año y más de 24.000 millones de deuda acumulada que nadie sabe cómo pagar. La burbuja de las renovables ha pinchado y… ¡ahí queda eso!

La última burbuja que traeré a colación, aunque la lista es más larga (fútbol, televisiones…), es la formada por las innumerables infraestructuras innecesarias construidas en las últimas dos décadas a costes astronómicos para beneficio de constructores y perjuicio de contribuyentes. Uno de los casos más chirriantes es el de las autopistas radiales de Madrid, pero hay muchísimos más. Las radiales, que pretendían descongestionar los accesos a Madrid, se diseñaron y construyeron haciendo dejación de principios muy importantes de prudencia y buena administración. Para empezar, se hicieron unas previsiones temerarias del tráfico que dichas autopistas iban a tener. En la actualidad el tráfico no supera el 30% de lo previsto. Y no es por la crisis: en los años del boom tampoco había tráfico. A continuación ¿incomprensiblemente? el Gobierno permitió que los constructores y los concesionarios fuesen, esencialmente, los mismos. Esto es un disparate, porque al disfrazarse los constructores de concesionarios mediante unas sociedades con muy poco capital y mucha deuda, se facilitaba que pasara lo que acabó pasando: los constructores cobraron de las concesionarias por construir las autopistas y, al constatarse que no había tráfico, amenazaron con dejarlas quebrar. Los principales acreedores eran ¡oh sorpresa! las Cajas de Ahorro. Los más de 3.000 millones de deuda nadie sabe cómo pagarlos y acabarán recayendo sobre el contribuyente pero, en cualquier caso, ¡ahí queda eso!
La teoría

Termino aquí la parte descriptiva de este artículo en la que he resumido unos pocos “hechos estilizados” que considero representativos del comportamiento colectivo, no necesariamente individual, y esto es importante recordarlo, de los políticos españoles. Paso ahora a formular una teoría de la clase política española como grupo de interés.

El enunciado de la teoría es muy simple. La clase política española no sólo se ha constituido en un grupo de interés particular, como los controladores aéreos, por poner un ejemplo, sino que ha dado un paso más, consolidándose como una élite extractiva, en el sentido que dan a este término Acemoglu y Robinson en su reciente y ya célebre libro Por qué fracasan las naciones. Una élite extractiva se caracteriza por:

“Tener un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio”.

“Tener el poder suficiente para impedir un sistema institucional inclusivo, es decir, un sistema que distribuya el poder político y económico de manera amplia, que respete el Estado de derecho y las reglas del mercado libre. Dicho de otro modo, tener el poder suficiente para condicionar el funcionamiento de una sociedad abierta -en el sentido de Popper- u optimista -en el sentido de Deutsch”.

“Abominar la ‘destrucción creativa’, que caracteriza al capitalismo más dinámico. En palabras de Schumpeter “la destrucción creativa es la revolución incesante de la estructura económica desde dentro, continuamente destruyendo lo antiguo y creando lo nuevo”.  Este proceso de destrucción creativa es el rasgo esencial del capitalismo.”Una élite extractiva abomina, además, cualquier proceso innovador lo suficientemente amplio como para acabar creando nuevos núcleos de poder económico, social o político”.

Con la navaja de Occam en la mano, si esta sencilla teoría tiene poder explicativo, será imbatible. ¿Qué tiene que decir sobre las cuatro preguntas que se le han planteado al principio del artículo? Veamos:

La clase política española, como élite extractiva, no puede tener un diagnóstico razonable de la crisis. Han sido sus mecanismos de captura de rentas los que la han provocado y eso, claro está, no lo pueden decir. Cierto, hay una crisis económica y financiera global, pero eso no explica seis millones de parados, un sistema financiero parcialmente quebrado y un sector público que no puede hacer frente a sus compromisos de pago. La clase política española tiene que defender, como está haciendo de manera unánime, que la crisis es un acto de Dios, algo que viene de fuera, imprevisible por naturaleza y ante lo cual sólo cabe la resignación.
La clase política española, como élite extractiva, no puede tener otra estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que escampe la tormenta. Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que incluir el desmantelamiento, por lo menos en parte, de los mecanismos de captura de rentas de los que se beneficia. Y eso, por supuesto, no se plantea.
¿Pidieron perdón los controladores aéreos por sus desmanes? No, porque consideran que defendían su interés particular. ¿Alguien ha oído alguna disculpa de algún político por la situación en la que está España? No, ni la oirá, por la misma razón que los controladores. ¿Cómo es que, como medida ejemplarizante, no se ha planteado en serio la abolición del Senado, de las diputaciones, la reducción del número de ayuntamientos…? Pues porque, caídas las Cajas de Ahorro -y ante las dificultades presentes para generar nuevas burbujas- la defensa de las rentas capturadas restantes se lleva a ultranza.
Tal y como establece la teoría de las élites extractivas, los partidos políticos españoles comparten un gran desprecio por la educación, una fuerte animadversión por la innovación y el emprendimiento y una hostilidad total hacia la ciencia y la investigación. De la educación sólo parece interesarles el adoctrinamiento: las estridentes peleas sobre la Educación para la Ciudadanía contrastan con el silencio espeso que envuelve las cuestiones verdaderamente relevantes como, por ejemplo, el elevadísimo fracaso escolar o los lamentables resultados en los informes PISA. La innovación y el emprendimiento languidecen en el marco de regulaciones disuasorias y fiscalidades punitivas sin que ningún partido se tome en serio la necesidad de cambiarlas. Y el gasto en investigación científica, concebido como suntuario de manera casi unánime, se ha recortado con especial saña sin que ni un solo político relevante haya protestado por un disparate que compromete más que ningún otro el futuro de los españoles.

La teoría de las élites extractivas, por lo visto hasta aquí, parece dar sentido a bastantes rasgos llamativos del comportamiento de la clase política española. Veamos qué nos dice sobre el futuro.
La predicción

La crisis ha acentuado el conflicto entre el interés particular de la clase política española y el interés general de España. Las reformas necesarias para permanecer en el euro chocan frontalmente con los mecanismos de captura de rentas que sostienen dicho interés particular. Por una parte, la estabilidad presupuestaria va a requerir una reducción estructural del gasto de las Administraciones públicas superior a los 50 millardos de euros, un 5% del PIB. Esto no puede conseguirse con más recortes coyunturales: hacen falta reformas en profundidad que, de momento, están inéditas. Se tiene que reducir drásticamente el sector público empresarial, esa zona gris entre la Administración y el sector privado, que, con sus muchos miles de empresas, organismos y fundaciones, constituye una de las principales fuentes de rentas capturadas por la clase política. Por otra parte, para volver a crecer, la economía española tiene que ganar competitividad. Para eso hacen falta muchas más reformas para abrir más sectores a la competencia, especialmente en el mencionado sector público empresarial y en sectores regulados. Esto debería hacer más difícil seguir creando burbujas en la economía española.

La infinita desgana con la que nuestra clase política está abordando el proceso reformista ilustra bien que, colectivamente al menos, barrunta las consecuencias que las reformas pueden tener sobre su interés particular. La única reforma llevada a término por iniciativa propia, la del mercado de trabajo, no afecta directamente a los mecanismos de captura de rentas. Las que sí lo hacen, exigidas por la UE como, por ejemplo, la consolidación fiscal, no se han aplicado. Deliberadamente, el Gobierno confunde reformas con recortes y subidas de impuestos y ofrece los segundos en vez de las primeras, con la esperanza de que la tempestad amaine por sí misma y, al final, no haya que cambiar nada esencial. Como eso no va a ocurrir, en algún momento la clase política española se tendrá que plantear el dilema de aplicar las reformas en serio o abandonar el euro. Y esto, creo yo, ocurrirá más pronto que tarde.

La teoría de las élites extractivas predice que el interés particular tenderá a prevalecer sobre el interés general. Yo veo probable que en los dos partidos mayoritarios españoles crezca muy deprisa el sentimiento “pro peseta”. De hecho, ya hay en ambos partidos cabezas de fila visibles de esta corriente. La confusión inducida entre recortes y reformas tiene la consecuencia perversa de que la población no percibe las ventajas a largo plazo de las reformas y sí experimenta el dolor a corto plazo de los recortes que, invariablemente, se presentan como una imposición extranjera. De este modo se crea el caldo de cultivo necesario para, cuando las circunstancias sean propicias, presentar una salida del euro como una defensa de la soberanía nacional ante la agresión exterior que impone recortes insufribles al Estado de bienestar. También, por poner un ejemplo, los controladores aéreos presentaban la defensa de su interés particular como una defensa de la seguridad del tráfico aéreo. La situación actual recuerda mucho a lo ocurrido hace casi dos siglos cuando, en 1814, Fernando VII – El Deseado- aplastó la posibilidad de modernización de España surgida de la Constitución de 1812 mientras el pueblo español le jaleaba al grito de ¡vivan las “caenas”! Por supuesto que al Deseado actual –llámese Mariano, Alfredo u otra cosa- habría que jalearle incorporando la vigente sensibilidad autonómica, utilizando gritos del tipo ¡viva Gürtel! ¡vivan los ERE de Andalucía! ¡visca el Palau de la Música Catalana! Pero, en cualquier caso, las diferencias serían más de forma que de fondo.

Una salida del euro, tanto si es por iniciativa propia como si es porque los países del norte se hartan de convivir con los del sur, sería desastrosa para España. Implicaría, como acertadamente señalaron Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos en EL PAÍS el pasado mes de junio, no sólo una vuelta a la España de los 50 en lo económico, sino un retorno al caciquismo y a la corrupción en lo político y en lo social que llevaría a fechas muy anteriores y que superaría con mucho a la situación actual, que ya es muy mala. El calamar vampiro, reducido a chipirón, sería cabeza de ratón en vez de cola de león, pero eso nuestra clase política lo ve como un mal menor frente a la alternativa del harakiri que suponen las reformas. Los liberales, como en 1814, serían masacrados –de hecho, en los dos partidos mayoritarios, ya se observan movimientos en esa dirección.

El peligro de que todo esto acabe ocurriendo en un plazo relativamente corto es, en mi opinión, muy significativo. ¿Se puede hacer algo por evitarlo? Lamentablemente, no mucho, aparte de seguir publicando artículos como éste. Como muestran todos los sondeos, el desprestigio de la clase política española es inmenso, pero no tiene alternativa a corto plazo. A más largo plazo, como explico a continuación, sí la tiene.
Cambiar el sistema electoral

La clase política española, como hemos visto en este artículo, es producto de varios factores entre los que destaca el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas confeccionadas por las cúpulas de los partidos políticos. Este sistema da un poder inmenso a los dirigentes de los partidos y ha acabado produciendo una clase política disfuncional. No existe un sistema electoral perfecto -todos tienen ventajas e inconvenientes- pero, por todo lo expuesto hasta aquí, en España se tendría que cambiar de sistema con el objetivo de conseguir una clase política más funcional. Los sistemas mayoritarios producen cargos electos que responden ante sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus dirigentes partidarios. Como consecuencia, las cúpulas de los partidos tienen menos poder que las que surgen de un sistema proporcional y la representatividad que dan de las urnas está menos mediatizada. Hasta aquí todo son ventajas. También hay inconvenientes. Un sistema proporcional acaba dando escaños a partidos minoritarios que podrían no obtener ninguno con un sistema mayoritario. Esto perjudicaría a partidos minoritarios de base estatal, pero beneficiaría a partidos minoritarios de base regional. En cualquier caso, el rasgo relevante de un sistema mayoritario es que el electorado tiene poder de decisión no solo sobre los partidos sino también sobre las personas que salen elegidas y eso, en España, es ahora una necesidad perentoria que compensa con creces los inconvenientes que el sistema pueda tener.

Un sistema mayoritario no es bálsamo de Fierabrás que cure al instante cualquier herida. Pero es muy probable que generase una clase política diferente, más adecuada a las necesidades de España. En Italia es inminente una propuesta de ley para cambiar el actual sistema proporcional por uno mayoritario corregido: dos tercios de los escaños se votarían en colegios uninominales y el tercio restante en listas cerradas en las que los escaños se distribuirían proporcionalmente a los votos obtenidos. Parece ser que el Gobierno “técnico” de Monti ha llegado a conclusiones similares a las que defiendo yo aquí: sin cambiar a una clase política disfuncional no puede abordarse un programa reformista ambicioso. Y es que, como le oí decir una vez a Carlos Solchaga, un “técnico” es un político que, además, sabe de algo. ¿Para cuándo una reforma electoral en España? ¿Habrá que esperar a que lleguen los “técnicos”?

Telefónica renueva el contrato a Urdangarín

 

 

 

Telefónica renueva el contrato a Urdangarín
El duque de Palma percibirá 1,5 millones anuales y 4,5 millones si la compañía decide despedirlo.

La compañía Telefónica ha renovado el contrato Iñaki Urdangarín, como delegado en Estados Unidos, pese a que el juez que le investiga le ha imputado por delitos de prevaricación, malversación, falsedad, fraude y blanqueo de capitales, castigados con hasta 18 años de cárcel.

El duque de Palma será despedido o suspendido de empleo y sueldo si al final es juzgado. La renovación se justifica en que se trata de no «condenarle de antemano», pese a que el escándalo en el que aparece envuelto está provocando una «pérdida de clientes» para la operadora.

El marido de la Infanta continuará percibiendo 1,5 millones anuales más otros 1,2 de retribución en especie. Si se prescinde de él, le abonarán 4,5 millones, según informa «El Mundo». Telefónica corre con los gastos de alquiler de la casa, de la decoración, de los billetes de avión desde EE UU, del servicio, del parque móvil y de parte del personal de escolta que protege a la familia las 24 horas del día.

El juez del «caso Palma Arena» ha pedido a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia que le remitan las facturas de las comidas que mantuvieron el ex vicepresidente Vicente Rambla y la alcaldesa Rita Barberá con Urdangarín en 2008.

Mientras, en los confidenciales vuelven a cobrar fuerza las informaciones relativas a que el matrimonio de Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina se encuentra de nuevo en la picota. Pese a que la Justicia ha decidido, la pasada semana, no imputar a la hija del Rey en el «caso del Instituto Nóos», la pareja ya no está tan unida como antes. Ella quiere volver a España y el duque se niega.

RESCATE: Se consuma el engaño.

 RESCATE: Se consuma el engaño.

Primero los gobiernos les crearon las condiciones para que financiaran una burbuja de crédito sin precedentes y con la que han ganado docenas de miles de millones de euros. Dictaron leyes de suelo para que los promotores les pidieran préstamos que financiaran construcciones en todas las esquinas de España, que irían quedándose vacías y sin vender cada vez en mayor número. Aumentaron las facilidades fiscales para promover las ventas y desincentivaron el alquiler y el consumo colectivo de servicios de ocio o residencia.

Solo de 2000 a 2007, los bancos multiplicaron el crédito total destinado a la actividad productiva por 3,1, el dirigido a la industria por 1,8, el de la construcción por 3,6 y por 9 el dirigido a la actividad inmobiliaria. Y eso que cada vez disponían de menos depósitos para generarlo: en 2000 la banca española recibía 1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía a crédito, mientras que en 2007 solo 0,76 euros.

No contentos con los beneficios que les daba el negocio inmobiliario que condenaba al monocultivo a la economía nacional, impusieron políticas de bajos ingresos y recortes salariales para que las familias y pequeños empresarios vivieran en el filo de la navaja y tuvieran que endeudarse hasta las cejas.

Pero no contentos con obtener beneficios normales, los bancos utilizaron a sus tasadores para aumentar artificialmente los activos sobre los cuales iban a dar créditos, para así generar más deuda y cobrar comisiones más suculentas y recurrieron a todo tipo de prácticas comerciales predatorias para fomentar el consumo: manejaban a su antojo los índices de referencia, incluían la abusiva cláusula que autoriza al banco a vender el piso en subasta notarial si se produce el impago de la deuda, reclamaban importes elevadísimos por cuentas que creían canceladas, cobraban comisiones leoninas (más que en cualquier otro lugar de Europa) por cualquier cosa, giraban una y otra vez un recibo inatendido por el cliente generando múltiples gastos de reclamación por una misma deuda, embargaban saldos en cuentas corrientes sin respetar lo establecido en la ley… hasta cuatro folios me ocupa el listado de malas prácticas que han recopilado las asociaciones de usuarios, es imposible consignarlas todas aquí. Y eso, por no hablar de las estafas estrella, que han podido suponer un auténtico robo de entre 12.000 y 15.000 millones de euros, si no más, mediante las participaciones preferentes, las cláusulas suelo, etc.

Mientras sucedía todo esto, las autoridades dejaron hacer, consintieron las tropelías bancarias y permitieron que se inflase la burbuja sin cesar, haciendo oídos sordos a todas las advertencias.

El actual Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decía en 2003: “no existe una ‘burbuja inmobiliaria’ (…) el concepto de burbuja inmobiliaria es una especulación de la oposición que habla insensatamente de la economía de ladrillo y olvida que la construcción es un sector fundamental para la economía del país y en el que trabajan cerca de un millón de personas” (El Mundo 2  de octubre de 2003). Y el más tarde Ministro de Economía, Pedro Solbes, afirmaría que quienes auguraban el riesgo de recesión por esa causa “no saben nada de economía” (El País, 11 de febrero de 2008).

Los dirigentes de uno y otro partido negaban lo que hiciera falta, por muy evidente que fuese para el resto de los españoles, con tal de dejar que los banqueros y los grandes empresarios de la construcción literalmente se forraran a costa de todos los españoles.

El gobernador del Banco de España que había colocado el PP, Caruana, se pasaba por el arco del triunfo la denuncia de sus inspectores que en 2006 le señalaban formalmente que no se hacía nada frente a un endeudamiento creciente y muy peligroso de la banca española. Pero eso sí, no había declaración suya o más tarde de su sucesor, el socialista Férnandez, en la que no reclamasen moderación salarial y recortes de gasto social.

Pero gracias a todo ello, los bancos españoles se convirtieron en los más rentables del universo, justo, eso sí, en la misma medida en que situaban a nuestra economía entre las más vulnerables.

Cuando estalló la burbuja y ya no se iba a poder disimular lo que había pasado, el inmenso negocio que los bancos habían hecho a costa de la deuda, todos consintieron en disimular.

Permitieron que los bancos declarasen en balance los activos dañados a precios de adquisición siendo cómplices así de un engaño descomunal que hirió de muerte la credibilidad de nuestra economía porque, por mucho que Zapatero dijese en septiembre de 2008 -como le dictaban Botín y compañía- que el sistema financiero español era “el más sólido del mundo”, los inversores y prestamistas internacionales sabían lo que de verdad había hecho la banca española.

Los dos grandes partidos, a los que se  suman los de los nacionalistas de derechas de Cataluña y el País Vasco, colocaron en las cajas de ahorros a sus amigos y militantes y crearon una red de oligarquías provinciales que alentó la especulación, extendió la corrupción y que comenzó a llevar al desastre a la gran  mayoría de las entidades, al convertirlas en clones de los bancos privados, sin tener capacidad real ni naturaleza legal para serlo.

Y para facilitar la recuperación de los bancos mas grandes y dejarles a ellos todo el mercado consensuaron la ley de cajas que las llevaba a su bancarización forzada, para provocar cuanto antes su caída y el reforzamiento por esa vía de los bancos más grandes.

Claro que, a cambio, esos mismos partidos han recibido cientos de millones de préstamos para ir ganando las elecciones, ahora uno luego otro, que no devuelven, y han podido colocar en sus consejos de administración, o en los de empresas participadas, a docenas de ex dirigentes o socios.

Luego, cuando el sistema saltaba por los aires porque a los alemanes les consumía el ansia de cobrar los préstamos que con la misma compulsión habían dado a los bancos españoles, todos se concitaron para negar que iban a pedir un rescate. Diez días hace que lo negaba rotundo el presidente Rajoy: “no va a haber ningún rescate de la banca española” (EFE 28 de mayo).

Y cuando lo han pedido, niegan lo que efectivamente han pedido: 100.000 millones de euros para entregar a la banca y que vamos a pagar todos los españoles. Niegan que vaya a tener efecto sobre el déficit y la prima de riesgo, cuando será el Estado quien tenga que devolverlo (¿cómo lo harían unas entidades que se capitalizan precisamente porque no tienen dinero?) y tratan de hacer creer que es algo positivo y una ayuda generosa: “Las noticias que traemos hoy son positivas”, dijo el Ministro de Guindos cuando empezaba la rueda de prensa que dio ayer para anunciar el rescate.

Nos han engañado a todos cuando dicen que van a rescatar a España cuando lo que van a hacer es hundirla para años. Nos han engañado los bancos, nos han engañado los gobiernos del PSOE y del PP. Nos han engañado los dirigentes europeos que están borrachos de ideología neoliberal y no se dan cuenta de que las medidas que toman llevan al desastre a los países que las aplican (¿o acaso es que está mejor la economía de Portugal, por no hablar de los ciudadanos portugueses, desde que fue “rescatada”?). Nos ha engañado el Fondo Monetario que se ha sacado de la manga un informe deprisa y corriendo solo para justificar la decisión ya tomada y en el que cifra las necesidades de financiación de la banca española en una horquilla que sitúa, nada más y nada menos, que entre 45.000 millones y 119.000 millones de euro. ¿En qué quedamos?

Y nos engañarán esta tarde el presidente Rajoy y el Príncipe Felipe si es que definitivamente se han ido a ver el partido de fútbol cuando griten ¡España, España!, porque lo que están demostrando es lo contrario: España, los españoles de abajo, les importamos un pepino. Ellos y el resto de los políticos que han permitido lo que acabo de señalar, junto a los banqueros y los grandes beneficiarios de la burbuja y de la crisis, que tendrían que vivir 500 años más para disfrutar de todo lo que han ganado a costa de los españoles, son los responsables de este engaño descomunal. Hay que pedirles cuentas a todos y echarlos para siempre.

Juan Torres López, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla

La ‘Tasa Tobin’, de utopía a proyecto urgente

 

 

La ‘Tasa Tobin’, de utopía a proyecto urgente
Francia impondrá el tributo sobre las transacciones financieras sin esperar al resto de Europa Desafía la idea de que no es viable en un solo país
Penalizar la especulación conlleva riesgos
David Fernández Madrid 31 ENE 2012 – 21:13 CET6

La historia está repleta de ironías. El primero que habló de poner un impuesto a las transacciones financieras —ya ha llovido desde 1936— fue… ¡un inglés! John Maynard Keynes sería tachado hoy de vendepatrias y la lista de los críticos la encabezaría el mismísimo primer ministro británico, David Cameron. Y es que con la City de Londres —uno de los mayores centros financieros del mundo— no se juega. Cuatro décadas después de que Keynes lanzara la propuesta para frenar los vaivenes de unas Bolsas que él ya comparaba con un casino, uno de sus discípulos, James Tobin, retomó la idea. Una vez desmontado el sistema de Bretton Woods, la idea de este economista estadounidense era reducir la especulación sobre las divisas.

Desde entonces la posibilidad de aplicar este impuesto ha ido apareciendo y desapareciendo de la escena académica y política. Hasta tal punto es su intermitencia que el nuevo primer ministro italiano, Mario Monti —tuvo a Tobin de profesor en la Universidad de Yale—, lo ha comparado con el monstruo del lago Ness. En los últimos meses la idea de aplicar la tasa, conocida también como impuesto Robin Hood, ha vuelto a cobrar actualidad. Un grupo de países liderados por Francia y Alemania desea aplicar este gravamen con un doble objetivo: reducir el riesgo sistémico de los mercados financieros, cuyo crecimiento exponencial amenaza con su atrofia, y reforzar las maltrechas arcas públicas haciendo pagar a aquellos a los que se identifica como causantes de la crisis (bancos, hedge funds…).

Primero se llevó al G-20, pero entre las mayores economías del planeta no se logró la unanimidad. Más tarde se ha intentado imponer en los 27 países de la UE, pero la resistencia de algunos, con Reino Unido a la cabeza, aleja esta posibilidad. La falta de apoyo no amilana a París y Berlín, que quieren imponer la tasa en los 17 países de la zona euro. De momento, el dúo Merkozy ya ha logrado la adhesión de Monti y Mariano Rajoy, entre otros líderes.

Francia ha anunciado que espera aplicar desde agosto su propia tasa que gravará las acciones negociadas en la Bolsa de París, los seguros contra impago de deuda soberana (CDS) y las órdenes automáticas lanzadas por ordenadores (High Frequency Trading). El primer ministro francés, François Fillon, ha reiterado que quiere ponerlo en práctica antes de lograr un acuerdo con otros socios europeos, porque “el proceso es lento y hay resistencias”. Esta postura desafía el argumento de que esta tasa solo podría imponerse a escala global.

Reino Unido, Irlanda y otros 27 países tienen en vigor esta tasa

Las ONG y el llamado movimiento antiglobalización mantuvieron esta reivindicación, tachada de utópica, durante décadas. Son los primeros sorprendidos. “Esta ha dejado de ser una idea defendida solo por algunas organizaciones de la sociedad civil para convertirse en un asunto de primer nivel en las agendas políticas”, afirma Susana Ruiz, portavoz española de la Alianza por la Tasa Robin Hood, una plataforma global que integra a 400 organizaciones, entre ellas Intermón Oxfam, Save the Children y Greenpeace. “Los excesos de parte del sector financiero están en el origen de esta crisis, que se traduce en hambre y desprotección para millones de personas. Hasta el FMI reconoce que es un sector insuficientemente gravado y poco regulado. Es lógico que en un contexto de austeridad fiscal, las medidas no vayan solo destinadas a los ciudadanos”, concluye Ruiz.

La tasa Tobin es una medida que genera un intenso debate, con adhesiones y rechazos casi inquebrantables. Unos lo ven como una medida justa para frenar el apetito de los tiburones financieros y construir un mercado menos volátil; otros piensan que lo único que haría es incrementar los costes para el inversor final; los hay que creen que su éxito solo lo garantizaría una aplicación global; incluso hay un grupo de economistas que ven este debate como una especie de tinta de calamar, es decir, con la que está cayendo no es una prioridad y solo responde a necesidades electorales de determinados políticos.

“Lanzar el debate sobre la tasa Tobin ahora es un error”, afirma Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada. “Los políticos deberían centrarse en lo realmente urgente, es decir, en cómo solucionar la crisis de deuda soberana, y no pensar tanto en un impuesto de este tipo o en prohibir las apuestas bajistas en Bolsa”. Carbó considera que el enfoque actual es equivocado. “Estoy de acuerdo con que el sector financiero debe de contribuir a su rescate. Pero existen otras fórmulas. Europa no puede aplicar este gravamen de forma lineal para todas las operaciones, sean estas especulativas o no. Tampoco tiene sentido que se haga de forma unilateral porque los inversores encontrarán la vía para eludir el impuesto utilizando otros mercados que no impongan la tasa”.

“Lo ideal es que se aplicase de una forma global”, dice un gestor de fondos

Las operaciones financieras suelen tributar sobre las plusvalías generadas, además de los costes por comisiones que llevan aparejadas. Sin embargo, mientras los consumidores que compran bienes y servicios pagan impuestos indirectos (IVA y otros tributos) en el caso de los mercados los agentes pueden realizar transacciones de cualquier tamaño sin estar sometidos a ninguna tributación. Los partidarios del impuesto Robin Hood creen que esto es una anomalía a solucionar.

“El sistema financiero se ha vuelto demasiado grande, complejo e hiperactivo en relación con la función social que cumple”, señala Carlos Arenillas, exvicepresidente de la CNMV. El volumen de operaciones financieras ha pasado de ser 25 veces el PIB mundial a mediados de los noventa, a representar hoy 70 veces la riqueza del planeta. Arenillas opina que imponer esta lograría dos efectos: reducir las transacciones más especulativas, como las que escupen por miles inversores-robots cada segundo, y proporcionar ingresos a las cuentas públicas.

Arenillas preside Equilibria, una gestora de fondos de inversión libre (hedge funds). En teoría estos fondos son muy activos y un impuesto por operar en Bolsa perjudicaría su negocio, pero este experto es un firme defensor de la iniciativa. “Lo ideal es que esta tasa se aplicase de la forma más global posible. A pesar de la falta de acuerdo en el G-20 no creo que sea un mal momento para aplicarla en Europa. Si solo nos fiamos del sector financiero, su potente lobby siempre va a decir que no es el mejor momento”, subraya.

La tarea de consensuar una tasa global de este tipo parece titánica. Sin embargo, algunos países tienen un doble lenguaje en este sentido. En Reino Unido, por ejemplo, existe ya un pequeño impuesto sobre las transacciones financieras (stamp duty). En total, 29 países cuentan con tasas similares, entre ellos Brasil, China, India, Irlanda, Japón o Rusia. Aún se desconocen los detalles de cómo sería la tasa Tobin que promoverían Francia y Alemania para la zona euro. Sin embargo, las líneas maestras probablemente quedaron esbozadas el 28 de septiembre de 2011 cuando la Comisión Europea presentó su propuesta de un impuesto para toda la UE para 2014 aplicable a todas las operaciones con instrumentos de inversión entre instituciones financieras cuando al menos una de las dos partes tuviera su sede en la UE. Afectaría al 85% de las transacciones entre instituciones, mientras que los ciudadanos no serían objeto de la tasa, ya que quedarían exentos del gravamen productos y servicios como las hipotecas, los préstamos bancarios, los seguros “y otras actividades financieras normales llevadas a cabo por los individuos y los pequeños negocios”.

El volumen de operaciones es 70 veces la riqueza del planeta

La compraventa de acciones y bonos tributaría a un tipo del 0,1% sobre el volumen negociado, mientras que la tasa para los productos derivados sería del 0,01%. Es decir, que si un banco vendiese acciones de un hedge fund por 100.000 euros cada uno debería pagar 100 euros en impuestos por la operación, mientras que si una empresa productora de bienes de equipo adquiriese un futuro valorado en 100.000 euros para cubrirse ante los vaivenes de las divisas el coste sería de 10 euros.

Los cálculos de la Comisión señalan que así se recaudarían 57.000 millones anuales. El Ejecutivo que preside Durão Barroso destacó en su momento que una tasa de este tipo tiene el apoyo del 65% de los ciudadanos, según el Eurobarómetro, y que el dinero obtenido se repartiría entre la UE y los países miembros. “La decisión de proponer este impuesto se basa en dos razones. En primer lugar, asegurar que el sector financiero contribuye en un momento de consolidación fiscal. En segundo término, crear un entorno más coordinado en materia impositiva dentro de la UE que reforzaría el mercado único comunitario”, según Bruselas.

Frente a las previsiones de recaudación de la Comisión, otros estudios señalan que imponer un impuesto a las operaciones bursátiles tendría un impacto negativo en la economía mucho mayor. A principios de enero, por ejemplo, Ernst & Young (E&Y) señaló que podría dejar un agujero de 116.000 millones de euros. Sus expertos creen que las previsiones de Bruselas son demasiado optimistas y no tienen en cuenta la previsible caída en el volumen de negociación bursátil que tendría un tributo de este tipo, además de la caída en la recaudación de otros impuestos por la menor actividad financiera en la zona.

“La iniciativa liderada por Sarkozy es humo de pajas, una manera de desviar la atención sobre la mala gestión de la crisis en Europa y un señuelo electoral para los próximos comicios presidenciales”, reflexiona Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona. “Estoy a favor de darle una mayor estabilidad al sistema financiero, pero no estoy seguro de que la mejor manera de hacerlo sea a través de un nuevo tributo. Para lograr esta estabilidad es más efectivo promover una regulación mejor. Un impuesto, al final, no es más que una vía para recaudar dinero”, añade Costas.

La Fundación Ideas, próxima al Partido Socialista, publicó en mayo de 2010 el estudio Impuestos para frenar la especulación financiera, en el que apoya la creación de impuestos sobre las instituciones y los mercados financieros. La potencial capacidad recaudatoria en España, según el informe sería de entre 180 y 1.980 millones en impuestos sobre las plusvalías financieras a corto plazo, entre 2.820 y 5.120 millones en tasas sobre activos bancarios, y entre 1.600 y 6.300 millones en el caso de las transacciones financieras.

Según la Comisión Europea, se recaudarían 57.000 millones anuales

“Esta tasa lograría reducir la volatilidad de los mercados. El valor de las transacciones financieras se ha disparado. Hay muchas operaciones que no están ligadas con la economía productiva y que convendría reducir”, comenta Carlos Mulas, director general de la Fundación Ideas. Comparte la idea de que un impuesto de este tipo debería aplicarse de la forma más global posible, pero tampoco teme que se aplique solo en la zona euro. “Los capitales no van a un sitio solo por los impuestos. Se valoran también otras cosas como la seguridad y el atractivo de las economías. Si Londres no se une al proyecto lo que habrá es una mayor competencia con otros centros financieros como Fráncfort. Y, para determinadas operaciones, muchos inversores optarán por la zona euro para evitar el riesgo de tipo de cambio”.

En 2001, poco antes de su muerte, James Tobin concedió una entrevista a Der Spiegel. Se quejaba de que el movimiento antiglobalización había abusado de su nombre al apropiarse en su lucha contra el capitalismo de una tasa que él había propuesto para equilibrar el mercado de divisas. “Yo soy economista y, como la mayoría de los economistas, partidario del libre comercio. Además, estoy a favor del FMI y del Banco Mundial”. Cuando el periodista le preguntó si su tasa sería realidad algún día, Tobin fue categórico: “No hay ninguna oportunidad, me temo. La gente que decide en el mundo financiero internacional están en contra”. La crisis actual ha roto muchos dogmas. ¿Será la implantación de esta tasa hasta ahora utópica otro de ellos? <CW-1>Los partidarios de imponer una tasa a las transacciones financieras ponen como ejemplo de la utilidad que tendría este tributo su impacto en el <CF1005>High Frequency Trading </CF>(HFT). La negociación de alta frecuencia la ejecutan potentísimos ordenadores basados en programas algorítmicos. Las máquinas son capaces de ejecutar hasta 40.000 operaciones en el tiempo que el ser humano tarda en parpadear. Muchos expertos consideran que su proliferación supone un claro riesgo de colapso para el sistema financiero y acusan a los inversores que utilizan esta estrategia de no aportar ningún efecto beneficioso a la economía real.
Pistoleros a sueldo en el parqué

En 2005, el HFT suponía menos de un quinto de la negociación del mercado estadounidense de renta variable por volumen. En 2010 ya representaba el 56%, según la consultora Tabb Group. En Europa, el auge también es frenético: han pasado de suponer una parte insignificante del mercado a protagonizar el 35% de las operaciones.

Las máquinas solo están interesadas en la velocidad. El beneficio se lo lleva el más rápido, el que antes apriete el gatillo. En cada operación no aspiran a ganar grandes sumas. Se conforman con 0,001 euros por movimiento. Pero si sus programas están en lo cierto y son capaces de identificar antes que los demás ineficiencias en la formación de precios de los activos o patrones de comportamiento que se repiten en los mercados pueden ganar cientos de millones, ya que realizan miles de operaciones en cada sesión. Los defensores del HFT argumentan que sirve para mejorar la liquidez de la Bolsa, sus críticos señalan que el abuso de estas operaciones está detrás de la elevada volatilidad del mercado. Un impuesto tendría el mismo efecto que situar un radar en cada kilómetro de un circuito de fórmula 1.

Voto con chourizo

El voto de la discordia huele a chorizo
La Junta Electoral deberá dirimir si un voto para el PP emitido en Val do Dubra que incluía dos lonchas de chorizo es válido

Entre las campañas puestas de moda en las últimas elecciones, está la del “voto con chorizo”. No le falta ni grupo en facebook. En Portomeiro, la parroquia más pequeña de Bembibre, en Val do Dubra (A Coruña), dos sufragios, para el Congreso y para el Senado, incluyeron lonchas. A pesar de ello, el PP local luchó para dar el sufragio del Congreso por válido. Ahora el BNG reclama a la Junta Electoral.

C. VILLAR – SANTIAGO El día 20 de noviembre, 157 vecinos de la parroquia de Portomeira acudieron a votar. 103 lo hicieron por el PP. Pero el cómputo puede variar si la Junta Electoral decide que uno de sus votos no es válido. Porque uno de esos vecinos introdujo la papeleta de los populares tanto al Congreso como al Senado con un regalo: dos lonchas de chorizo que, como afirman los habitantes de Bembibre, “ni siquiera era casero; era una loncha industrial, de esos de Revilla”. Aunque en un primer momento la mesa electoral decidió que había que dar por nulo el sufragio para el Congreso, el interventor del PP reclamó y, tras una votación de la mesa, que en última instancia puede decidir sobre qué sufragios son validados y cuáles no, logró que se sumase a los que ya contabilizaban. No obstante, el presidente de la mesa no aceptó la misma solución para el sufragio del Senado porque, afirma, “las lonchas de chorizo, que eran dos y finitas, como las del Congreso, estaban sobre los nombres marcados y las marcas se habían disuelto con la grasa”.
Aceptar el voto al Congreso, no obstante, no le gustó al BNG, que ayer presentó alegaciones al recuento. Como explica Antonio Negreira, portavoz de los nacionalistas en Val do Dubra, “no es nada del otro mundo, pero en esa mesa el PP tiene mayoría por mucho y se pone a discutir por uno”. Para Negreira, quien añade que el voto se aceptó por la “insistencia” del interventor del PP y del representante del concello, el que hubiera una loncha de chorizo dentro del sobre que incluía las papeletas del PP tiene un significado: “Lo interpreto como un insulto al PP. Yo no querría ese voto”. Lo mismo cree José Antonio Varela, apoderado del BNG en la mesa, quien se “sorprende de que lo quieran dar por válido” a pesar de cómo alude al PP.
Óscar del Río, presidente del Comité local del PP, no lo ve como un agravio, sino que se inclina más por interpretarlo como “una broma” “no significativa”. Del Río quita “importancia al suceso” y da por hecho que la Junta Electoral dará el voto por nulo, lo que no cambia el hecho de que los votos para su formación aumentaran en el concello de 1.459 a 1.622. Mientras, algunos habitantes de Bembibre se preguntan en qué estado llegarán las papeletas al organismo encargado de velar por la transparencia del proceso electoral y sugieren bromeando que el fiambre necesita frío.
Queda por saber si la persona que emitió el sufragio lo hizo motivada por alguna campaña, en muchos casos invitando al voto nulo a través de las redes sociales, de las que se pusieron de moda ya en las elecciones municipales y autonómicas dle pasado mayo.