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LA DEMOCRACIA PUESTA A PRUEBA

José Ignacio Torreblanca, El País, 12 NOV 2011
En lo que parece ser una nueva y peligrosa fase de la crisis, las tensiones generadas por la crisis del euro están comenzando a desestabilizar las democracias europeas. Casi dos años de dudas y divisiones, de falta de coraje y de visión política para adoptar una solución europea están cebando la desafección ciudadana, tanto hacia las democracias nacionales como hacia el propio proyecto europeo. Como hemos visto en Grecia y en Italia, la agudización de la crisis coloca a los líderes políticos entre la espada y la pared. Por un lado, temen que si adoptan nuevas y más severas medidas de austeridad sin una contrapartida en forma de planes de estímulo que garanticen un horizonte de crecimiento económico, los ciudadanos se acabarán volviendo contra ellos y, desde las urnas, las calles o los Parlamentos, llevándoselos por delante. Pero, al mismo tiempo, saben perfectamente que si se resisten a adoptar esas mismas medidas de austeridad, los mercados les penalizarán elevando su prima de riesgo y forzando una intervención exterior, lo que desencadenará su caída, o llevará a que sus socios europeos retiren el apoyo financiero que les venían prestando, lo que también provocará su caída.

En estas circunstancias, el agotamiento de la política tradicional de partidos y la sustitución de los líderes políticos por tecnócratas añaden un elemento sumamente preocupante desde el punto de vista democrático. Tanto el nuevo primer ministro griego, Lukas Papademos, como los nombres que se barajan para futuro primer ministro de Italia, Giuliano Amato o Mario Monti, economistas con destacadas carreras en bancos centrales o instituciones europeas, representan la quintaesencia del tecnócrata. El rechazo de los políticos a someter el control de sus decisiones, pasadas o futuras, a la ciudadanía, vía elecciones anticipadas o referendos, apunta a que estos están bajando los brazos frente a los mercados, que no confían en su capacidad de resolver la crisis y, sobre todo, que sospechan que su legitimidad está agotada. Así, en lugar de asumir su responsabilidad, se apartan a un lado y llaman a técnicos que (supuestamente) carecen de ideología y que (también supuestamente) conocen las soluciones que sacarán a los países de la crisis.

El paso encierra un peligro evidente, pues supone confiar la responsabilidad de gobernar un país que se enfrenta a una grave crisis económica, con graves e inevitables repercusiones sociales, a alguien que no deriva su legitimidad de las urnas, sino de la confianza que en él depositan los mercados y las instituciones internacionales. El problema es que, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional, los tecnócratas solo se legitiman si son capaces de obtener resultados positivos de forma relativamente rápida. Dicho de otra manera: la ciudadanía puede estar dispuesta a aceptar temporalmente y como mal menor una forma benigna de despotismo ilustrado (“todo para el pueblo, pero sin el pueblo”), pero si los tecnócratas suman su fracaso al de los políticos de partido, las sociedades tendrán la tentación de recurrir al populismo (de izquierdas o de derechas), expresado en hombres-fuertes que no se paren en procedimientos ni detalles democráticos.

Los tecnócratas solo se legitiman si logran resultados con relativo rapidez

El deterioro de la democracia y la amenaza del populismo no solo penden sobre algunas democracias deudoras del sur de Europa. Mientras que en los países deudores una gran parte de la ciudadanía se rebela contra la imposición desde el exterior de medidas de austeridad, simétricamente, en los países acreedores (Alemania, Austria, Eslovaquia, Finlandia y Países Bajos), otra gran parte de la ciudadanía se rebela contra el empeño de sus líderes en seguir financiando los planes de salvamento de los países que sufren de iliquidez o insolvencia o, muy especialmente, contra cualquier solución que implique una nueva transferencia de poder y recursos hacia la Unión Europea.

En muchos de estos países ya hay partidos muy influyentes cuya agenda antieuropea tiene cada vez más apoyo popular, así que no hay que extrañarse de que muchos políticos de esos países se debatan entre ignorar esas demandas ciudadanas, lo que les puede costar el cargo, o seguir alimentado los planes de rescate a los países del Sur, lo que también les puede costar el cargo. Las lágrimas de la primera ministra eslovaca, Iveca Radicova, en el último Consejo Europeo, abroncada por Sarkozy por resistirse a firmar el plan de rescate para Grecia, consciente de que su aprobación suponía el fin de su carrera política y la salida de su partido del Gobierno, son muy reveladores de hasta qué punto la crisis europea se ha convertido en un factor desestabilizador de la política nacional. E incluso en Reino Unido, que no es miembro del euro, se teme que las presiones hacia una mayor unión política y económica que está desencadenando la crisis del euro se resuelvan en sentido contrario, es decir, haciendo imposible evitar un referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, un referéndum que, con toda legitimidad democrática, muchos ciudadanos reclaman en nombre de su derecho a decidir sobre sí mismos y el futuro de su país, y que consideran que se les está hurtando en nombre de unas élites que saben lo que les conviene mejor que ellos.

La amenaza del populismo no solo pende sobre algunas democracias del sur

Por tanto, la crisis está cebando el populismo y la desafección en dos direcciones: los ciudadanos de los países acreedores temen verse arrastrados a una “unión de transferencias” con los ciudadanos de los países deudores, mientras que los ciudadanos de los países deudores recelan cada vez más de unos acreedores a los que simplemente ven como policías de la austeridad sin un proyecto político alternativo que compense la erosión de su democracia. Se trata de un círculo vicioso que se retroalimenta y que tiene importantes y evidentes consecuencias sobre el futuro de la democracia y, en paralelo, del proyecto europeo.

El sentido último de la democracia es que el pueblo se gobierne a sí mismo. Por eso, aunque un gran número de ciudadanos no entiendan al detalle las causas, consecuencias y posibles soluciones de las crisis del euro, sí que tienen clara una cosa: si democracia significa capacidad de decidir, la capacidad de decisión de nuestras democracias es hoy sumamente limitada. El debate habido en España el lunes pasado entre los dos candidatos a la Presidencia del Gobierno ofrece una prueba muy evidente del dilema en el que viven atrapados los políticos nacionales en toda Europa: en la práctica, saben perfectamente que las soluciones a la crisis están fuera de nuestras fronteras. Si se crea empleo en España o se restaura el crédito a las empresas depende, entre otras cosas, del tipo de medidas que adopte el Banco Central Europeo, de los acuerdos a los que lleguemos con Alemania y otros para estimular la demanda, de si orientamos el presupuesto europeo hacia las grandes inversiones, o de si creamos impuestos sobre las transacciones financieras y las emisiones de carbono. Pero, lógicamente, para ganar el voto de sus ciudadanos, tienen que hacer creer que la solución de la crisis está en sus manos y que incluso tienen margen de maniobra para elegir qué cantidad de austeridad aplican y en qué plazos: de ahí que emplearan tan poco tiempo hablando de cómo construir una Europa que dé soluciones efectivas y duraderas a la crisis.

La capacidad de decidir de nuestras democracias es hoy sumamente limitada

Al tiempo que la democracia (como capacidad de autogobernarse) se evapora del nivel nacional, no aparece por ningún lado y, especialmente, no reaparece donde debiera hacerlo: en el ámbito europeo. Más bien al contrario, en lugar de reforzar la democracia en el ámbito europeo, la crisis está sirviendo para reforzar la tecnocracia en ambos niveles: en el nacional, poniendo al mando a tecnócratas con amplia experiencia europea, y en el europeo, reforzando la capacidad de los tecnócratas, desde el Banco Central o la Comisión Europea, para supervisar a los Gobiernos de la Unión.

Como ponen de manifiesto las recientes propuestas del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, de reconfigurar las competencias del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el finlandés Olli Rehn, para blindarlo frente a las presiones de otros comisarios (al parecer excesivamente sensibles a los Gobiernos de sus países de origen) y darle nuevos poderes de intervenir en la gestión económica y presupuestaria de los Estados miembros, la crisis del euro está suponiendo la expropiación implícita y por la puerta de atrás de esa capacidad de decisión en la que consiste la democracia, todo ello sin debate ni análisis sobre las consecuencias. Que el siempre excesivamente prudente Barroso y su comisario Rehn se permitieran pedir en público un Gobierno de concentración nacional en Grecia sin reparar en que hasta los muy desprestigiados ciudadanos griegos tienen todavía derecho a un mínimo de dignidad democrática, refleja muy bien hasta dónde han llegado las cosas: a los ojos de muchos, esta Europa de la austeridad donde un portugués y un finlandés no respaldados por las urnas pueden sugerir quién debe gobernar un país se parece sospechosamente al Fondo Monetario Internacional que campeaba por América Latina en los años ochenta imponiendo planes de ajuste sin rendir cuentas ante nadie.

La crisis del euro está cebando la desafección de los ciudadanos

Resulta pues evidente que la crisis del euro y la crisis de las democracias están íntimamente relacionadas, y no podrán ser resueltas la una sin la otra. Aunque la crisis actual se desencadena por el choque financiero que supuso la caída de Lehman Brothers en 2008, la crisis del euro se origina en un doble error de diseño. Fueron muchos los que dijeron entonces que, además de los desequilibrios en el sector público, había que supervisar los desequilibrios en el sector financiero, y controlar la pérdida de competitividad y el deterioro de las balanzas comerciales de los Estados. Pero en tiempos de bonanza, esos errores de diseño, económico y político, fueron ignorados, porque no hay nada más legítimo que lo que funciona bien. El caso es que, desde el punto de vista económico, el euro se lanzó sin estar respaldado por un Tesoro europeo y una política fiscal común. Y en paralelo, la unión económica y monetaria nació sin un sistema político que gozara de la suficiente legitimidad para respaldarla.

Esta Europa se parece mucho al FMI que imponía sus planes de ajuste

La preocupación por la democracia en el ámbito europeo, que emergió tras la rebelión ciudadana contra el proyecto europeo puesta de manifiesto en el rechazo a la Constitución Europea en Francia y los Países Bajos en 2005, y por el auge del euroescepticismo, puesto de manifiesto en las elecciones europeas de 2009, fue dejada en un segundo plano y apartada como algo incómodo. El problema es que, al igual que la bonanza en la que han vivido muchos países europeos, incluido España, durante la última década, tiene que ver con esos errores de diseño del euro, que inundó de dinero barato muchas economías y alimentó los desequilibrios; la recesión en la que nos adentramos ahora también tiene que ver con el diseño de la unión monetaria, con un Banco Central Europeo centrado en la inflación, y no en el crecimiento y el empleo, y sin más capacidad que la de parchear la crisis, pero no de solucionarla definitivamente.

En una Unión Europea boyante, la preocupación democrática era más bien de carácter estético. Pero cuando los errores de diseño en la unión económica y monetaria comienzan a afectar decisivamente la vida diaria y horizontes de futuro de decenas de millones de personas, socavar su capacidad de autogobierno y deteriorar la calidad de la democracia, esa preocupación por cómo se gobierna Europa tiene que volver al centro del debate político.

Nos encontramos ante una situación inédita en la historia de la democracia. Históricamente, la democracia solo ha existido en dos niveles: la polis griega y el Estado-nación. Como sabemos, no hubo transición de una a otra ni coexistencia entre ambas formas: una desapareció y la otra emergió siglos después. A lo que estamos asistiendo ahora es a la difícil coexistencia de la democracia en el ámbito nacional con la emergencia, en el ámbito europeo, de un nuevo centro de poder, una nueva pauta de toma de decisiones que afecta al núcleo central de la democracia. El problema es que al igual que los mecanismos que hicieron funcionar la democracia en la ciudad-Estado no sirvieron para gobernar los Estados-nación, las actuales democracias representativas se están mostrando incapaces de gestionar eficaz y democráticamente ese sistema que está emergiendo en el ámbito europeo.

En un último extremo, esta crisis es política y sus soluciones no son técnicas

El gran logro de Europa, su verdadero patrimonio, es haber logrado construir sociedades abiertas regidas por Gobiernos al servicio de los ciudadanos y sometidos a reglas democráticas. Por definición, toda regla es imperfecta, ya que está diseñada por humanos falibles que actúan con un conocimiento limitado e imperfecto de una realidad cambiante, así que esas reglas se han construido trabajosamente, mediante ensayo y error. Ahora, el mantenimiento del carácter esencialmente democrático de nuestras sociedades depende de qué reglas del juego nos dotemos en el nivel europeo para resolver esta crisis.

Esas reglas pueden profundizar la democracia europea o profundizar el deterioro de la democracia en el ámbito nacional. Por eso, en último extremo, esta crisis es política, y sus soluciones son políticas no técnicas, y no deben ser gestionadas por tecnócratas, ni en los Estados, ni en Europa, sino por los ciudadanos y sus representantes legítimos.

UNA TEORÍA DE LA CLASE POLÍTICA ESPAÑOLA.

CÉSAR MOLINAS, 09.09.2012, El País.

En este artículo propongo una teoría de la clase política española para argumentar la necesidad imperiosa y urgente de cambiar nuestro sistema electoral para adoptar un sistema mayoritario. La teoría se refiere al comportamiento de un colectivo y, por tanto, no admite interpretaciones en términos de comportamientos individuales. ¿Por qué una teoría? Por dos razones. En primer lugar porque una teoría, si es buena, permite conectar sucesos aparentemente inconexos y explicar sucesos aparentemente inexplicables. Es decir, dar sentido a cosas que antes no lo tenían. Y, en segundo lugar, porque de una buena teoría pueden extraerse predicciones útiles sobre lo que ocurrirá en el futuro. Empezando por lo primero, una buena teoría de la clase política española debería explicar, por lo menos, los siguientes puntos:

¿Cómo es posible que, tras cinco años de iniciada la crisis, ningún partido político tenga un diagnóstico coherente de lo que le está pasando a España?
¿Cómo es posible que ningún partido político tenga una estrategia o un plan a largo plazo creíble para sacar a España de la crisis? ¿Cómo es posible que la clase política española parezca genéticamente incapaz de planificar?
¿Cómo es posible que la clase política española sea incapaz de ser ejemplar? ¿Cómo es posible que nadie-salvo el Rey y por motivos propios- haya pedido disculpas?
¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia para España -la mejora de la educación, el fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento y el apoyo a la investigación- sea no ya ignorada, sino masacrada con recortes por los partidos políticos mayoritarios?

En lo que sigue, argumento que la clase política española ha desarrollado en las últimas décadas un interés particular, sostenido por un sistema de captura de rentas, que se sitúa por encima del interés general de la nación. En este sentido forma una élite extractiva, según la terminología popularizada por Acemoglu y Robinson. Los políticos españoles son los principales responsables de la burbuja inmobiliaria, del colapso de las cajas de ahorro, de la burbuja de las energías renovables y de la burbuja de las infraestructuras innecesarias. Estos procesos han llevado a España a los rescates europeos, resistidos de forma numantina por nuestra clase política porque obligan a hacer reformas que erosionan su interés particular. Una reforma legal que implantase un sistema electoral mayoritario provocaría que los cargos electos fuesen responsables ante sus votantes en vez de serlo ante la cúpula de su partido, daría un vuelco muy positivo a la democracia española y facilitaría el proceso de reforma estructural. Empezaré haciendo una breve historia de nuestra clase política. A continuación la caracterizaré como una generadora compulsiva de burbujas. En tercer lugar explicitaré una teoría de la clase política española. En cuarto lugar usaré esta teoría para predecir que nuestros políticos pueden preferir salir del euro antes que hacer las reformas necesarias para permanecer en él. Por último propondré cambiar nuestro sistema electoral proporcional por uno mayoritario, del tipo first-past-the-post, como medio de cambiar nuestra clase política.
La historia

Los políticos de la Transición tenían procedencias muy diversas: unos venían del franquismo, otros del exilio y otros estaban en la oposición ilegal del interior. No tenían ni espíritu de gremio ni un interés particular como colectivo. Muchos de ellos no se veían a sí mismos como políticos profesionales y, de hecho, muchos no lo fueron nunca. Estos políticos tomaron dos decisiones trascendentales que dieron forma a la clase política que les sucedió. La primera fue adoptar un sistema electoral proporcional corregido, con listas electorales cerradas y bloqueadas. El objetivo era consolidar el sistema de partidos políticos fortaleciendo el poder interno de sus dirigentes, algo que entonces, en el marco de una democracia incipiente y dubitativa, parecía razonable. La segunda decisión, cuyo éxito se condicionaba al de la primera, fue descentralizar fuertemente el Estado, adoptando la versión café para todos del Estado de las autonomías. Los peligros de una descentralización excesiva, que eran evidentes, se debían conjurar a partir del papel vertebrador que tendrían los grandes partidos políticos nacionales, cohesionados por el fuerte poder de sus cúpulas. El plan, por aquel entonces, parecía sensato.

Pero, tal y como le ocurrió al Dr. Frankenstein, lo que creó al monstruo no fue el plan, que no era malo, sino su implementación. Por una serie de infortunios, a la criatura de Frankenstein se le acabó implantando el cerebro equivocado. Por una serie de imponderables, a la joven democracia española se le acabó implantando una clase política profesional que rápidamente devino disfuncional y monstruosa. Matt Taibbi, en su célebre artículo de 2009 en Rolling Stone sobre Goldman Sachs “La gran máquina americana de hacer burbujas” comparaba al banco de inversión con un gran calamar vampiro abrazado a la cara de la humanidad que va creando una burbuja tras otra para succionar de ellas todo el dinero posible. Más adelante propondré un símil parecido para la actual clase política española, pero antes conviene analizar cuáles han sido los cuatro imponderables que han acabado generando a nuestro monstruo.

En primer lugar, el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas, ha creado una clase política profesional muy distinta de la que protagonizó la Transición. Desde hace ya tiempo, los cachorros de las juventudes de los diversos partidos políticos acceden a las listas electorales y a otras prebendas por el exclusivo mérito de fidelidad a las cúpulas. Este sistema ha terminado por convertir a los partidos en estancias cerradas llenas de gente en las que, a pesar de lo cargado de la atmósfera, nadie se atreve a abrir las ventanas. No pasa el aire, no fluyen las ideas, y casi nadie en la habitación tiene un conocimiento personal directo de la sociedad civil o de la economía real. La política y sus aledaños se han convertido en un modus vivendi que alterna cargos oficiales con enchufes en empresas, fundaciones y organismos públicos y, también, con canonjías en empresas privadas reguladas que dependen del BOE para prosperar.

En segundo lugar, la descentralización del Estado, que comenzó a principios de los 80, fue mucho más allá de lo que era imaginable cuando se aprobó la Constitución. Como señala Enric Juliana en su reciente libro Modesta España, el Estado de las autonomías inicialmente previsto, que presumía una descentralización controlada de “arriba a abajo”, se vio rápidamente desbordado por un movimiento de “abajo a arriba” liderado por élites locales que, al grito de “¡no vamos a ser menos!”, acabó imponiendo la versión de café para todos del Estado autonómico. ¿Quiénes eran y qué querían estas élites locales? A pesar de ser muy lampedusiano, Juliana se limita a señalar a “un democratismo pequeñoburgués que surge desde abajo”. Eso es, sin duda, verdad. Pero, adicionalmente, es fácil imaginar que los beneficiarios de los sistemas clientelares y caciquiles implantados en la España de provincias desde 1833, miraban al nuevo régimen democrático con preocupación e incertidumbre, lo que les pudo llevar, en muchos casos, a apuntarse a “cambiarlo todo para que todo siga igual” y a ponerse en cabeza de la manifestación descentralizadora. Como resultante de estas fuerzas, se produjo un crecimiento vertiginoso de las Administraciones Públicas: 17 administraciones y gobiernos autonómicos, 17 parlamentos y miles -literalmente miles- de nuevas empresas y organismos públicos territoriales cuyo objetivo último en muchos casos, era generar nóminas y dietas. En ausencia de procedimientos establecidos para seleccionar plantillas, los políticos colocaron en las nuevas administraciones y organismos a deudos, familiares, nepotes y camaradas, lo que llevó a una estructura clientelar y politizada de las administraciones territoriales que era inimaginable cuando se diseñó la Constitución. A partir de una Administración hipertrofiada, la nueva clase política se había asegurado un sistema de captura de rentas -es decir un sistema que no crea riqueza nueva, sino que se apodera de la ya creada por otros- por cuyas alcantarillas circulaba la financiación de los partidos.

En tercer lugar, llegó la gran sorpresa. El poder dentro de los partidos políticos se descentralizó a un ritmo todavía más rápido que las Administraciones Públicas. La idea de que la España autonómica podía ser vertebrada por los dos grandes partidos mayoritarios saltó hecha añicos cuando los llamados barones territoriales adquirieron bases de poder de “abajo a arriba” y se convirtieron, en la mejor tradición del conde de Warwick, en los hacedores de reyes de sus respectivos partidos. En este imprevisto contexto, se aceleró la descentralización del control y la supervisión de las Cajas de Ahorro. Las comunidades autónomas se apresuraron a aprobar sus propias leyes de Cajas y, una vez asegurado su control, poblaron los consejos de administración y cargos directivos con políticos, sindicalistas, amigos y compinches. Por si esto fuera poco, las Cajas tuteladas por los gobiernos autonómicos hicieron proliferar empresas, organismos y fundaciones filiales, en muchas ocasiones sin objetivos claros aparte del de generar más dietas y más nóminas.

Y en cuarto lugar, aunque la lista podría prolongarse, la clase política española se ha dedicado a colonizar ámbitos que no son propios de la política como, por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la CNMV, los reguladores sectoriales de energía y telecomunicaciones, la Comisión de la Competencia… El sistema democrático y el Estado de derecho necesitan que estos organismos, que son los encargados de aplicar la Ley, sean independientes. La politización a la que han sido sometidos ha terminado con su independencia, provocando una profunda deslegitimación de estas instituciones y un severo deterioro de nuestro sistema político. Pero es que hay más. Al tiempo que invadía ámbitos ajenos, la política española abandonaba el ámbito que le es propio: el Parlamento. El Congreso de los Diputados no es solo el lugar donde se elaboran las leyes; es también la institución que debe exigir la rendición de cuentas. Esta función del Parlamento, esencial en cualquier democracia, ha desaparecido por completo de la vida política española desde hace muchos años. La quiebra de Bankia, escenificada en la pantomima grotesca de las comparecencias parlamentarias del pasado mes de julio, es sólo el último de una larga serie de casos que el Congreso de los Diputados ha decidido tratar como si fuesen catástrofes naturales, como un terremoto, por ejemplo, en el que aunque haya víctimas no hay responsables. No debería sorprender, desde esta perspectiva, que los diputados no frecuenten la Carrera de San Jerónimo: hay allí muy poco que hacer.
Las burbujas

Los cuatro procesos descritos en los párrafos anteriores han conformado un sistema político en el que las instituciones están, en el mal sentido de la palabra, excesivamente politizadas y en el que nadie acaba siendo responsable de sus actos porque nunca se exige en serio rendición de cuentas. Nadie dentro del sistema pone en cuestión los mecanismos de capturas de rentas que constituyen el interés particular de la clase política española. Este es el contexto en el que se desarrollaron no sólo la burbuja inmobiliaria y el saqueo y quiebra de la gran mayoría de las Cajas de Ahorro, sino también otras “catástrofes naturales”, otros “actos de Dios”, a cuya generación tan adictos son nuestros políticos. Porque, como el gran calamar de Taibbi, la clase política española genera burbujas de manera compulsiva. Y lo hace no tanto por ignorancia o por incompetencia como porque en todas ellas captura rentas. Hagamos, sin pretensión alguna de exhaustividad, un brevísimo repaso de las principales tropelías impunes de las últimas dos décadas: la burbuja inmobiliaria, las Cajas de Ahorro, las energías renovables y las nuevas autopistas de peaje.

La burbuja inmobiliaria española fue, en términos relativos, la mayor de las tres que estuvieron en el origen de la actual crisis global, siendo las otras dos la estadounidense y la irlandesa. No hay duda de que, como las demás, estuvo alimentada por los bajos tipos de interés y por los desequilibrios macroeconómicos a escala mundial. Pero, dicho esto, al contrario de lo que sucede en EE UU, las decisiones sobre qué se construye y dónde se construye en España se toman en el ámbito político. Aquí no se puede hablar de pecados por omisión, de olvido del principio de que los gestores públicos deben gestionar como diligentes padres de familia. No. En España la clase política ha inflado la burbuja inmobiliaria por acción directa, no por omisión ni por olvido. Los planes urbanísticos se fraguan en complejas y opacas negociaciones de las que, además de nuevas construcciones, surgen la financiación de los partidos políticos y numerosas fortunas personales, tanto entre los recalificados como entre los recalificadores. Por si el poder de los políticos –decidir el qué y el dónde- no fuese suficiente, la transmisión del control de las Cajas de Ahorro a las comunidades autónomas añadió a los dos anteriores el poder de decisión sobre el quién, es decir, el poder de decisión sobre quién tenía financiación de la Caja de turno para ponerse a construir. Esto supuso un salto cualitativo en la capacidad de captura de rentas de la clase política española, acercándola todavía más a la estrategia del calamar vampiro de Taibbi. Primero se infla la burbuja, a continuación se capturan todas las rentas posibles y, por último, a la que la burbuja pincha… ¡ahí queda eso! El panorama, cinco años después del pinchazo de la burbuja, no puede ser más desolador. La economía española no crecerá durante muchos años más. Y las Cajas de Ahorro han desaparecido, la gran mayoría por insolvencia o quiebra técnica. ¡Ahí queda eso!

Las otras dos burbujas que mencionaré son resultado de la peculiar simbiosis de nuestra clase política con el “capitalismo castizo”, es decir, con el capitalismo español que vive del favor del Boletín Oficial del Estado. En una reunión reciente, un conocido inversor extranjero lo llamó “relación incestuosa”; otro, nacional, habló de “colusión contra consumidores y contribuyentes”. Sea lo que sea, recordemos en primer lugar la burbuja de las energías renovables. España representa un 2% del PIB mundial y está pagando el 15% del total global de las primas a las energías renovables. Este dislate, presentado en su día como una apuesta por situarse en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, es un sinsentido que España no se puede permitir. Pero estas primas generan muchas rentas y prebendas capturadas por la clase política y, también hay que decirlo, mucho fraude y mucha corrupción a todos los niveles de la política y de la Administración. Para financiar las primas, las empresas y familias españolas pagan la electricidad más cara de Europa, lo que supone una grave merma de competitividad para nuestra economía. A pesar de esos precios exagerados, y de que la generación eléctrica tiene un exceso de capacidad de más del 30%, el sistema eléctrico español ostenta un déficit tarifario de varios miles de millones de euros al año y más de 24.000 millones de deuda acumulada que nadie sabe cómo pagar. La burbuja de las renovables ha pinchado y… ¡ahí queda eso!

La última burbuja que traeré a colación, aunque la lista es más larga (fútbol, televisiones…), es la formada por las innumerables infraestructuras innecesarias construidas en las últimas dos décadas a costes astronómicos para beneficio de constructores y perjuicio de contribuyentes. Uno de los casos más chirriantes es el de las autopistas radiales de Madrid, pero hay muchísimos más. Las radiales, que pretendían descongestionar los accesos a Madrid, se diseñaron y construyeron haciendo dejación de principios muy importantes de prudencia y buena administración. Para empezar, se hicieron unas previsiones temerarias del tráfico que dichas autopistas iban a tener. En la actualidad el tráfico no supera el 30% de lo previsto. Y no es por la crisis: en los años del boom tampoco había tráfico. A continuación ¿incomprensiblemente? el Gobierno permitió que los constructores y los concesionarios fuesen, esencialmente, los mismos. Esto es un disparate, porque al disfrazarse los constructores de concesionarios mediante unas sociedades con muy poco capital y mucha deuda, se facilitaba que pasara lo que acabó pasando: los constructores cobraron de las concesionarias por construir las autopistas y, al constatarse que no había tráfico, amenazaron con dejarlas quebrar. Los principales acreedores eran ¡oh sorpresa! las Cajas de Ahorro. Los más de 3.000 millones de deuda nadie sabe cómo pagarlos y acabarán recayendo sobre el contribuyente pero, en cualquier caso, ¡ahí queda eso!
La teoría

Termino aquí la parte descriptiva de este artículo en la que he resumido unos pocos “hechos estilizados” que considero representativos del comportamiento colectivo, no necesariamente individual, y esto es importante recordarlo, de los políticos españoles. Paso ahora a formular una teoría de la clase política española como grupo de interés.

El enunciado de la teoría es muy simple. La clase política española no sólo se ha constituido en un grupo de interés particular, como los controladores aéreos, por poner un ejemplo, sino que ha dado un paso más, consolidándose como una élite extractiva, en el sentido que dan a este término Acemoglu y Robinson en su reciente y ya célebre libro Por qué fracasan las naciones. Una élite extractiva se caracteriza por:

“Tener un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio”.

“Tener el poder suficiente para impedir un sistema institucional inclusivo, es decir, un sistema que distribuya el poder político y económico de manera amplia, que respete el Estado de derecho y las reglas del mercado libre. Dicho de otro modo, tener el poder suficiente para condicionar el funcionamiento de una sociedad abierta -en el sentido de Popper- u optimista -en el sentido de Deutsch”.

“Abominar la ‘destrucción creativa’, que caracteriza al capitalismo más dinámico. En palabras de Schumpeter “la destrucción creativa es la revolución incesante de la estructura económica desde dentro, continuamente destruyendo lo antiguo y creando lo nuevo”.  Este proceso de destrucción creativa es el rasgo esencial del capitalismo.”Una élite extractiva abomina, además, cualquier proceso innovador lo suficientemente amplio como para acabar creando nuevos núcleos de poder económico, social o político”.

Con la navaja de Occam en la mano, si esta sencilla teoría tiene poder explicativo, será imbatible. ¿Qué tiene que decir sobre las cuatro preguntas que se le han planteado al principio del artículo? Veamos:

La clase política española, como élite extractiva, no puede tener un diagnóstico razonable de la crisis. Han sido sus mecanismos de captura de rentas los que la han provocado y eso, claro está, no lo pueden decir. Cierto, hay una crisis económica y financiera global, pero eso no explica seis millones de parados, un sistema financiero parcialmente quebrado y un sector público que no puede hacer frente a sus compromisos de pago. La clase política española tiene que defender, como está haciendo de manera unánime, que la crisis es un acto de Dios, algo que viene de fuera, imprevisible por naturaleza y ante lo cual sólo cabe la resignación.
La clase política española, como élite extractiva, no puede tener otra estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que escampe la tormenta. Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que incluir el desmantelamiento, por lo menos en parte, de los mecanismos de captura de rentas de los que se beneficia. Y eso, por supuesto, no se plantea.
¿Pidieron perdón los controladores aéreos por sus desmanes? No, porque consideran que defendían su interés particular. ¿Alguien ha oído alguna disculpa de algún político por la situación en la que está España? No, ni la oirá, por la misma razón que los controladores. ¿Cómo es que, como medida ejemplarizante, no se ha planteado en serio la abolición del Senado, de las diputaciones, la reducción del número de ayuntamientos…? Pues porque, caídas las Cajas de Ahorro -y ante las dificultades presentes para generar nuevas burbujas- la defensa de las rentas capturadas restantes se lleva a ultranza.
Tal y como establece la teoría de las élites extractivas, los partidos políticos españoles comparten un gran desprecio por la educación, una fuerte animadversión por la innovación y el emprendimiento y una hostilidad total hacia la ciencia y la investigación. De la educación sólo parece interesarles el adoctrinamiento: las estridentes peleas sobre la Educación para la Ciudadanía contrastan con el silencio espeso que envuelve las cuestiones verdaderamente relevantes como, por ejemplo, el elevadísimo fracaso escolar o los lamentables resultados en los informes PISA. La innovación y el emprendimiento languidecen en el marco de regulaciones disuasorias y fiscalidades punitivas sin que ningún partido se tome en serio la necesidad de cambiarlas. Y el gasto en investigación científica, concebido como suntuario de manera casi unánime, se ha recortado con especial saña sin que ni un solo político relevante haya protestado por un disparate que compromete más que ningún otro el futuro de los españoles.

La teoría de las élites extractivas, por lo visto hasta aquí, parece dar sentido a bastantes rasgos llamativos del comportamiento de la clase política española. Veamos qué nos dice sobre el futuro.
La predicción

La crisis ha acentuado el conflicto entre el interés particular de la clase política española y el interés general de España. Las reformas necesarias para permanecer en el euro chocan frontalmente con los mecanismos de captura de rentas que sostienen dicho interés particular. Por una parte, la estabilidad presupuestaria va a requerir una reducción estructural del gasto de las Administraciones públicas superior a los 50 millardos de euros, un 5% del PIB. Esto no puede conseguirse con más recortes coyunturales: hacen falta reformas en profundidad que, de momento, están inéditas. Se tiene que reducir drásticamente el sector público empresarial, esa zona gris entre la Administración y el sector privado, que, con sus muchos miles de empresas, organismos y fundaciones, constituye una de las principales fuentes de rentas capturadas por la clase política. Por otra parte, para volver a crecer, la economía española tiene que ganar competitividad. Para eso hacen falta muchas más reformas para abrir más sectores a la competencia, especialmente en el mencionado sector público empresarial y en sectores regulados. Esto debería hacer más difícil seguir creando burbujas en la economía española.

La infinita desgana con la que nuestra clase política está abordando el proceso reformista ilustra bien que, colectivamente al menos, barrunta las consecuencias que las reformas pueden tener sobre su interés particular. La única reforma llevada a término por iniciativa propia, la del mercado de trabajo, no afecta directamente a los mecanismos de captura de rentas. Las que sí lo hacen, exigidas por la UE como, por ejemplo, la consolidación fiscal, no se han aplicado. Deliberadamente, el Gobierno confunde reformas con recortes y subidas de impuestos y ofrece los segundos en vez de las primeras, con la esperanza de que la tempestad amaine por sí misma y, al final, no haya que cambiar nada esencial. Como eso no va a ocurrir, en algún momento la clase política española se tendrá que plantear el dilema de aplicar las reformas en serio o abandonar el euro. Y esto, creo yo, ocurrirá más pronto que tarde.

La teoría de las élites extractivas predice que el interés particular tenderá a prevalecer sobre el interés general. Yo veo probable que en los dos partidos mayoritarios españoles crezca muy deprisa el sentimiento “pro peseta”. De hecho, ya hay en ambos partidos cabezas de fila visibles de esta corriente. La confusión inducida entre recortes y reformas tiene la consecuencia perversa de que la población no percibe las ventajas a largo plazo de las reformas y sí experimenta el dolor a corto plazo de los recortes que, invariablemente, se presentan como una imposición extranjera. De este modo se crea el caldo de cultivo necesario para, cuando las circunstancias sean propicias, presentar una salida del euro como una defensa de la soberanía nacional ante la agresión exterior que impone recortes insufribles al Estado de bienestar. También, por poner un ejemplo, los controladores aéreos presentaban la defensa de su interés particular como una defensa de la seguridad del tráfico aéreo. La situación actual recuerda mucho a lo ocurrido hace casi dos siglos cuando, en 1814, Fernando VII – El Deseado- aplastó la posibilidad de modernización de España surgida de la Constitución de 1812 mientras el pueblo español le jaleaba al grito de ¡vivan las “caenas”! Por supuesto que al Deseado actual –llámese Mariano, Alfredo u otra cosa- habría que jalearle incorporando la vigente sensibilidad autonómica, utilizando gritos del tipo ¡viva Gürtel! ¡vivan los ERE de Andalucía! ¡visca el Palau de la Música Catalana! Pero, en cualquier caso, las diferencias serían más de forma que de fondo.

Una salida del euro, tanto si es por iniciativa propia como si es porque los países del norte se hartan de convivir con los del sur, sería desastrosa para España. Implicaría, como acertadamente señalaron Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos en EL PAÍS el pasado mes de junio, no sólo una vuelta a la España de los 50 en lo económico, sino un retorno al caciquismo y a la corrupción en lo político y en lo social que llevaría a fechas muy anteriores y que superaría con mucho a la situación actual, que ya es muy mala. El calamar vampiro, reducido a chipirón, sería cabeza de ratón en vez de cola de león, pero eso nuestra clase política lo ve como un mal menor frente a la alternativa del harakiri que suponen las reformas. Los liberales, como en 1814, serían masacrados –de hecho, en los dos partidos mayoritarios, ya se observan movimientos en esa dirección.

El peligro de que todo esto acabe ocurriendo en un plazo relativamente corto es, en mi opinión, muy significativo. ¿Se puede hacer algo por evitarlo? Lamentablemente, no mucho, aparte de seguir publicando artículos como éste. Como muestran todos los sondeos, el desprestigio de la clase política española es inmenso, pero no tiene alternativa a corto plazo. A más largo plazo, como explico a continuación, sí la tiene.
Cambiar el sistema electoral

La clase política española, como hemos visto en este artículo, es producto de varios factores entre los que destaca el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas confeccionadas por las cúpulas de los partidos políticos. Este sistema da un poder inmenso a los dirigentes de los partidos y ha acabado produciendo una clase política disfuncional. No existe un sistema electoral perfecto -todos tienen ventajas e inconvenientes- pero, por todo lo expuesto hasta aquí, en España se tendría que cambiar de sistema con el objetivo de conseguir una clase política más funcional. Los sistemas mayoritarios producen cargos electos que responden ante sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus dirigentes partidarios. Como consecuencia, las cúpulas de los partidos tienen menos poder que las que surgen de un sistema proporcional y la representatividad que dan de las urnas está menos mediatizada. Hasta aquí todo son ventajas. También hay inconvenientes. Un sistema proporcional acaba dando escaños a partidos minoritarios que podrían no obtener ninguno con un sistema mayoritario. Esto perjudicaría a partidos minoritarios de base estatal, pero beneficiaría a partidos minoritarios de base regional. En cualquier caso, el rasgo relevante de un sistema mayoritario es que el electorado tiene poder de decisión no solo sobre los partidos sino también sobre las personas que salen elegidas y eso, en España, es ahora una necesidad perentoria que compensa con creces los inconvenientes que el sistema pueda tener.

Un sistema mayoritario no es bálsamo de Fierabrás que cure al instante cualquier herida. Pero es muy probable que generase una clase política diferente, más adecuada a las necesidades de España. En Italia es inminente una propuesta de ley para cambiar el actual sistema proporcional por uno mayoritario corregido: dos tercios de los escaños se votarían en colegios uninominales y el tercio restante en listas cerradas en las que los escaños se distribuirían proporcionalmente a los votos obtenidos. Parece ser que el Gobierno “técnico” de Monti ha llegado a conclusiones similares a las que defiendo yo aquí: sin cambiar a una clase política disfuncional no puede abordarse un programa reformista ambicioso. Y es que, como le oí decir una vez a Carlos Solchaga, un “técnico” es un político que, además, sabe de algo. ¿Para cuándo una reforma electoral en España? ¿Habrá que esperar a que lleguen los “técnicos”?